Los investigados por el Mundial de Ciclismo estudian emprender acciones legales contra los denunciantes

Ponferrada

 Los cinco miembros del bipartito investigados por la organización del Mundial de Ciclismo en Ponferrada estudiarán si emprenden acciones judiciales contra quienes les han sometido a una persecución política y personal durante los últimos cinco años.

Así lo han confirmado en una rueda de prensa encabezada por el exalcalde, Samuel Folgueral tras el auto del juzgado que archiva la causa y que deja claro que no se han encontrado indicios de criminalidad, ni pruebas de que se hayan malversado o desviado fondos públicos.

 Para Folgueral, y a expensas de que se cumpla el plazo de recurso ante la Audiencia de León, este periplo judicial interminable sólo perseguía los intereses de quienes pretendían condicionar los resultados electorales de las municipales de 2015 y 2019

Planteamientos compartidos por el resto de los imputados, los exconcejales Emilio Cubelos, Fernando Álvarez y Sergio Gallardo y el que fuera vicepresidente de la Fundación de Deportes, Marcos Díez. De hecho, Sergio Gallardo no ha dudado en arremeter contra el actual concejal y expresidente de la Fundación, el popular Roberto Mendo a quienes todos han acusado de medrar a nivel político a costa de los ataques a los organizadores del Mundial.

Todos lamentan también que no se aprovechara el tirón de la cita deportiva para aumentar la rentabilidad de organizar la prueba en Ponferrada y, de hecho, consideran imperdonable que se haya utilizado el Mundial para defender intereses espúreos que han que instituciones como Ayuntamiento hayan defendido los ataques contra la prueba. Es más, el exvicepresidente de la Fundación, Marcos Díez considera que ahora tendría que ser la Plataforma Pro Cuentas Claras la que explicase el por qué de su denuncia y estado de sus finanzas después de todos los improperios vertidos.

El abogado Javier Álvarez también ha tomado la palabra para dejar claro que el auto, contundente y claro, de la juez ha considerado probado que el equipo de Samuel Folgueral no podía dar marcha atrás en la organización de la prueba dada las indemnizaciones millonarias que les exigían y después de que la mayor parte de las contrataciones a las que no se podía renunciar fuesen obra del ejecutivo dirigido por Carlos López Riesco.