"En una sala de juego seguro que pierdes dinero, pero corres el riesgo de perder la dignidad"

Córdoba

Los juegos de azar mueven en España entre 25.000 y 30.000 millones de euros anuales. En dos años el número de salones de juego y apuestas en nuestro país se ha multiplicado por dos hasta llegar a los 4.000 establecimientos y las apuestas deportivas crecen a un ritmo del 30% anual.

La provincia de Córdoba tiene un salón de juego por cada 9.200 habitantes según datos de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía; situándose como la cuarta de la Comunidad Autónoma con mayor densidad con 85 locales abiertos. Solo en la capital hay 47 con autorización de la administración autonómica para operar.

La cercanía de estos establecimientos a centros educativos de secundaria ha llevado a los vecinos a alzar la voz. No obstante, regular el juego es una competencia autonómica nacional, por lo que la única medida que ha podido adoptar el gobierno municipal es limitar la concesión de licencias durante un año y establecer un perímetro mínimo de 500 metros de distancia de colegios e institutos para la instalación de nuevos salones.

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Se trata de una innovación del Plan General de Ordenación Urbana que nace de la iniciativa vecinal. En noviembre de 2019, colectivos como la Federación de Vecinos Al-Zahara presentaron ante la Gerencia Municipal de Urbanismo más de 1.250 firmas contra las casas de apuestas.

Los operadores de estos servicios de ocio, en su mayoría dominados por capital extranjero, también ponen el foco en los barrios con menor renta. Por ejemplo, en Levante están casi el 30% de estos locales; y se trata de uno de los barrios con mayor número de pacientes en rehabilitación en la asociación ACOJER.

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ACOJER se fundó hace 32 años por Salvador Secilla para ayudar a otros jugadores a curar su adicción. Las tragaperras eran por aquel entonces el mayor enemigo del "enfermo", como se refiere Secilla a sus asociados. No obstante, en los últimos años, advierte, "el ludópata ya no tiene cuarenta años, sino veinticinco; por lo que suele venir acompañado de sus padres". Esto, asegura, "lo hace más difícil, porque una pareja puede dejarte, pero nunca dejarías a un hijo en la calle".

Y es que el juego compulsivo no fue declarado como adicción hasta 2013. La psicóloga Rocío Alcalde explica que "no se trata de un trastorno del control de impulsos, sino que el ludópata no controla sus impulsos porque tiene una adicción".

Antonio Toro estuvo jugando durante 15 años antes de rehabilitarse. Ahora lleva diez alejado de las máquinas y advierte de la principal herramienta del jugador: "el embuste". "Mentí a mi mujer, mentí a mis jefes, a mis amigos, a mis hijos", relata, "todo ello con el objetivo de conseguir dinero para jugar hasta el punto de que mis pequeños llegaron a pedirme que me fuera de casa porque llega un momento en que pierdes la confianza".

En el libro ¡Jugad, jugad, malditos! (AKAL, 2020), los periodistas Luis Díez y Daniel Díez Carpintero desgranan las estructuras que se esconden tras los operadores de salones de juego: fondos buitre como Blackstone, capital estadounidense e israelí e inversiones millonarias en publicidad y patrocinios.

Además, explica Luis Díez, la mayoría tienen su sede social en Malta. "Es el nuevo destino preferido de empresas como Betfair u 888", que antes se alojaban en Gibraltar, siempre con el objetivo de "ubicarse en territorios de baja fiscalidad". De hecho, tras la compra de Codere a los hermanos Franco, en la actualidad solo quedan dos multinacionales españolas: Orenes y Luckia.

Ahora, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pretende limitar la publicidad del juego online en medios de comunicación y prohibir los bonos promocionales, aunque todavía se sigue trabajando en la forma idónea de atajar un problema que cada vez afecta a más jóvenes.

Antonio Toro advierte a los jóvenes que entran en ACOJER que "es casi imposible hacerse rico en uno de esos locales, porque están para tener beneficios", y alerta que "en un bingo seguro que pierdes dinero, pero puedes llegar a perder la dignidad y eso es muy difícil recuperarlo".

En Córdoba, la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía ha interpuesto en 2019 sesenta y ocho denuncias en algunas de las 85 salas de juego existentes en la provincia . 42 de estas denuncias están tipificadas como "muy graves", por causas como la carencia de seguro de responsabilidad civil y 56 son de caracter "grave", relacionadas con consumo de tabaco en el interior de los establecimientos o publicidad no autorizada.

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El inspector Antonio Montserrat detalla que un nuevo decreto incorporado por la administración Andaluza permite a las autoridades identificar a todo aquel que cruce las puertas de un salón de juego. De igual forma, se intensifican las sanciones interpuestas. Concretamente las muy graves podran ir de 10.000 a 30.000 euros de multa y se podrá proceder a la clausura provisional del local. Además, se aplicará la prohibición total de acceso a menores y a personas registradas voluntariamente en las 'listas negras' de ludópatas.