Paco Morote: "Al Gobierno regional no le gusta el dinero que da Europa para los pobres y por eso lo devuelve"

Murcia

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Paco Morote, ha pasado por el programa Hoy por hoy tras conocer por la SER que el Gobierno regional tendrá que devolver más de 4 millones de euros de fondos europeos al no haberlos empleado para su fin: frenar el chabolismo y el sinhogarismo en la Región de Murcia.

Morote ha criticado duramente al Ejecutivo de López Miras y ha tachado de "auténtica aberración" el tener que devolver esta importante cantidad de dinero por no haber sabido darle salida ni emplearlo de forma adecuada. "Estoy convencido de  que si esos 4 millones en vez de venir destinados a la gente más pobre hubieran venido para otro tipo de sector social, con toda certeza les hubiese parecido poco dinero, es indignante", ha dicho.

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El portavoz de la PAH ha recordado que mientras esto está ocurriendo en la Asamblea Regional "el Partido Popular ha presentando una propuesta para que sea la propia Asamblea la que recabe del Congreso de los Diputados una modificación para encarcelar a las personas que se ven impelidas a ocupar viviendas y para agilizar los trámites de este tipo de desahucios". 

Por otra parte, Paco Morote ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno autonómico cumpla con lo establecido en la ley de Vivienda con el fin de frenar los desahucios, y para lo que se ha puesto en marcha una campaña que acabará con una gran movilización el próximo 28 de marzo.

Según ha explicado el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la ley regional prevé diversos mecanismos orientados a que las familias en situación de vulnerabilidad que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca de sus viviendas habituales puedan optar a alquileres sociales.

Incluye también medidas para que estas personas en riesgo de exclusión tengan alternativas al corte de los suministros de luz, agua o gas en caso de impagos.

Sin embargo, las medidas no se están aplicando porque no se han desarrollado los reglamentos y convenios para tal fin, para lo que el Gobierno tenía un plazo de seis meses, es decir, hasta finales de 2016.