Visto para sentencia el juicio por el decomiso de móviles a periodistas
En unas semanas el Tribunal Superior de Justicia sentenciará sobre la actuación del juez Miquel Florit
Juicio donde el juez Miguel Florit se sienta en el banquillo de los acusados por vulnerar el secreto profesional periodístico al requisar móviles a periodistas y rastrear sus llamadas en 2018 tras publicaciones que realizaron sobre el Caso Cursach, en Palma de Mallorca (España), a 27 de febrero de 2020. POLITICA Isaac Buj - Europa Press / Isaac Buj - Europa Press (EUROPA PRESS)
Palma
En unas semanas conoceremos si la decisión del juez Miquel Florit de decomisar los teléfonos móviles a dos periodistas fue prevaricadora y atentó contra el derecho al secreto profesional de los informadores. En una jornada maratoniana de once horas, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares acogió ayer el juicio contra el magistrado Florit por la incautación de material periodístico. Un proceso que sentó en el banquillo a un juez, que además contó con la defensa de una fiscalía partidaria de su absolución y tuvo enfrente a las acusaciones particulares representadas por Diario de Mallorca, las agencias EFE y Europa Press, la Asociación de Medios de Información y los dos periodistas afectados.
A debate el derecho de los profesionales de la información a guardar el secreto de las fuentes. El juez dijo que lo ponderó pero que las filtraciones de informaciones secretas del sumario le parecieron más graves, mientras el fiscal Juan Carrau, que avaló la actuación del juez, lo consideró una intervención leve. Algo que no se desprende de la declaración del periodista de Diario de Mallorca, Kiko Mestre. 30 años trabajando en el ámbito de los tribunales que han terminado de un plumazo. Las fuentes se apartan porque la confianza se ha quebrado, ha dicho. Además, las apelaciones al secreto profesional el día del decomiso quedaron en el aire, como explicó la periodista de Europa Press Blanca Pou.
La acusación particular mantuvo su petición de 42 años de inhabilitación para Florit, que se acogió a la jubilación anticipada el pasado 31 de enero. También reclama hasta 43.000 euros en multas y 30.000 en concepto de daños morales para Mestre.
La defensa de Florit argumentó que no existió la prevaricación, es decir, que el juez no dictó la resolución a sabiendas de que era injusta. Su abogado José Zaforteza admitió que el auto para decomisar los teléfonos pudo no estar suficientemente motivado. Sin embargo, dijo, no es óbice para condenar. La fiscalía se mantuvo en su papel de no acusar y reclamar la absolución en boda del fiscal jefe de Baleares Tomeu Barceló, para quien nunca se puso en peligro el secreto profesional.
El abogado que representaba los intereses de Diario de Mallorca y de su periodista recordó que hay límites y uno de ellos es el del secreto profesional de los periodistas, vital para la confianza de los informadores y para obtener noticias de interés público. Aunque Nicolás Gómez de Cuéllar admitió que en determinados supuestos este derecho puede ceder frente a otras necesidades, está prohibido afear el secreto profesional para perseguir la deslealtad de determinados funcionarios públicos.
