Miércoles, 21 de Abril de 2021

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El Govern rebaja de 75 a 50 años la cesión de suelo público para construir VPO

El decreto contempla sanciones de hasta 30.000 euros para perseguir la publicidad y comercialización de infraviviendas

La portavoz del Govern, Pilar Costa, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, en rueda de prensa

La portavoz del Govern, Pilar Costa, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, en rueda de prensa / CAIB (Europa Press)

El Govern cederá suelo público para construir vivienda de protección oficial de alquiler por un tiempo máximo de 50 años y no 75 como había anunciado inicialmente y que había provocado tensiones en el seno del Pacte. Es una de las principales medidas aprobadas en consell de Govern para incrementar el parque de vivienda pública y que éste sea a precios asequibles, además de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. El decreto también contempla sanciones de hasta 30.000 euros para perseguir la publicidad y comercialización de infraviviendas.

Once días ha tardado el ejecutivo de Francina Armengol en darle forma al Decreto Ley de Medidas urgentes que presentaba en la mesa de la Vivienda a sectores sociales, económicos y políticos. Entre las medidas se rebaja de 75 a 50 años el plazo máximo para la cesión de suelo público para la construcción de viviendas de protección oficial de alquiler con un precio máximo y retorno a la administración pasado ese tiempo. Una medida con la que los socios de Unidas Podemos y Més habían mostrado su desacuerdo al considerarlo un tiempo excesivo. 

Se busca la agilidad administrativa con lo que el consell de Govern podrá aprobar un proyecto si en dos meses el ayuntamiento no ha contestado y contarán con la colaboración de los colegios profesionales. Entre las medidas que se confirman y más novedosas está la ampliación del derecho de tanteo y retracto del Govern con el que podrá adquirir tanto suelo como edificios enteros y promociones que vayan a ser vendidas a fondos de inversión o sociedades inmobiliarias si proceden de ejecuciones hipotecarias o dación en pago.

Amparados en este decreto se tendrá que ofrecer alquiler social antes de ejecutar un desahucio con la obligación de que no sea superior al 30% de la renta y se introducen sanciones entre 3.000 y 30.000 euros para perseguir la publicidad y comercialización de infraviviendas. Por infraviviendas, desde la conselleria matizan que se entiende alquilar cualquier espacio que no está en condiciones, no sólo pisos pequeños, como un apartamento que era una habitación sin cocina de 10 metro, también ofrecer por ejemplo un balcón o una cochería como se ha llegado a ofertar en las islas.

En Palma, por ley, el mínimo para una cédula de habitalidad son 26 metros cuadrados.

Entre las acciones se creará el próximo mes una mesa interinstitucional para crear un protocolo de actuación frente a cualquier desalojo que se pueda producir en Baleares. El conseller Marc Pons ha señalado que se trata de ofrecer una solución conjunta porque no se trata sólo de vivienda, sino de atención social debido a la situación de vulnerabilidad de las familias y personas afectadas, lo que corresponde al ámbito municipal. Así, su departamento pondrá a disposición de la Conselleria de Servicios Sociales 15 viviendas.

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