Vox y la izquierda tumban las primeras rebajas fiscales del Gobierno de Ayuso

Madrid

Vox y la izquierda han tumbado este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid el primer proyecto de ley del Gobierno de PP y Ciudadanos de rebajas fiscales, al mantener Vox su enmienda a la totalidad tras rechazar la formación naranja los recortes en las subvenciones que habían pactado el PP y el partido de Santiago Abascal.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que habían presentado también enmiendas a la totalidad al proyecto de ley, han votado en bloque a favor de sus iniciativas y de la de Vox, por lo que la Cámara regional ha rechazado tramitar la primera ley del Ejecutivo de PP y Ciudadanos de rebajas fiscales aplicadas en el tramo autonómico del IRPF que beneficiarían a jóvenes, estudiantes y familias con dependientes a su cargo.

Vox, por su parte, ha votado en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de la izquierda, salvo la suya, que ha declinado retirar al no aceptar Ciudadanos el recorte en subvenciones por valor de 16,4 millones de euros, el mismo impacto que tendrían las deducciones impositivas.

Antes de la votación, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la palabra para pedirle a los grupos que reconsiderasen sus enmiendas a la totalidad y ha asegurado que si su proyecto no salía adelante, lo volverá a intentar porque ese es su "compromiso" y su "responsabilidad".

En su intervención en el pleno, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha afirmado que llegó a un "buen acuerdo" con Vox y su portavoz, Rocío Monasterio, que "no recortaba derechos a nadie" pero, ha dicho, "no ha sido posible" por la oposición de Ciudadanos.

"No habrá retención de crédito en el presupuesto", ha asegurado Fernández-Lasquetty, que ha afeado a Ciudadanos su postura, sin mencionarlos, por su "obcecación" y por "dejarse llevar por intereses partidistas".

La bajada de impuestos, ha dicho el consejero, era "el principal punto de acuerdo" del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, pero también del de investidura con Vox, que convirtió a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de la Comunidad.

La portavoz adjunta de Vox, Ana Cuartero, ha cargado contra Aguado, que no ha estado presente en el hemiciclo mientras intervenía Fernández-Lasquetty, y a quien ha reprochado que "quien no se presenta" a una negociación "es porque tiene miedo de perder", y ha añadido que "a quienes ustedes están haciendo perder es a todos los madrileños y a su propio partido". Asimismo, ha censurado "que la mitad de un Gobierno desprestigie la capacidad de negociación de uno de sus consejeros", y a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, le ha dicho que no puede eximirla "de su responsabilidad de no poder controlar su Gobierno".

El portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha alegado que no hacía falta acompañar la ley de una reducción del gasto, al no considerar cierto que "reducir impuestos siempre tenga de manera indiscutible un efecto negativo en la recaudación". Además, ha apuntado que las rebajas fiscales tendrían un impacto máximo de 16,4 millones de euros, lo que apenas representa el 0,08 por ciento del "presupuesto no financiero" de la Comunidad.

"Ahora se descuelgan diciendo que hay que anular subvenciones, (pero) son incapaces de decirnos cuáles", ha reprochado a Vox el diputado de Ciudadanos Sergio Brabezo, y ha agregado: "Con sus pellizquitos de monja lo único que están haciendo es que todos los madrileños pierdan".

El diputado socialista Fernando Fernández Lara ha alegado que, con esta medida, "quienes obtendrán provecho serían muy pocas personas", y ha exigido al Gobierno leyes centradas "en la mayoría social madrileña". Desde Más Madrid, la parlamentaria María Acín ha señalado que el debate de esta ley se ha convertido en una "cuestión de confianza" al Gobierno y "la ha perdido", al decaer una de sus "propuestas estrella", y ha avisado: "Si dejan ustedes la gobernabilidad en manos de Vox lo que van a tener es un Gobierno fallido".

Y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sol Sánchez, ha dicho que la ley propuesta por el Gobierno es "una tomadura de pelo", dado que afectaría a un porcentaje mínimo de la población, y ha propuesto buscar "otras formas de afrontar" los objetivos que buscaban las deducciones.