Echedey Eugenio pagó 640.000 euros irregularmente a Lanzarote Bus, según Podemos

Arrecife

Los Centros de Arte Cultura y Turismo firmaron un contrato con Lanzarote Bus S.A. en julio de 2011 por un importe de 10.200€ en concepto de "servicio de alquiler de bus en Montañas", vigente hasta el 31 de agosto de ese mismo año. Este contrato, firmado por Ástrid Pérez como consejera delegada de la EPEL, se amplió hasta septiembre de 2011, según ha explicado Podemos en rueda de prensa. "Para dichos contratos existe procedimiento, tres ofertas económicas y una propuesta de adjudicación con un informe de necesidad firmadas por la directora de operaciones, y no parece que exista ninguna irregularidad en este procedimiento", explica Podemos.

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Según explica la formación morada, "la contabilidad de la EPEL refleja después de esa fecha, existen diferentes facturas a la empresa Lanzarote Bus S.A. sin que existan más procedimientos de contratación, notándose un salto cuantitativo importante a partir del año 2015, con la característica de que en julio de ese año fue nombrado Echedey Eugenio como presidente del Consejo de Administración de la EPEL", explica la formación de izquierdas. Además, Podemos ha señalado en rueda de prensa que Echedey Eugenio fue trabajador de las empresas del grupo, concretamente en Arrecife Bus S.A., según consta en su perfil público de LinkedIn.

Según Podemos, Echedey Eugenio multiplicó el gasto por diez en cinco años y además, adjudicó importes elevados sin ningún tipo de procedimiento legal de contratación. "En 2015, año de la llegada de Eugenio al Consejo de Administración, en el mes de julio, se gastó cuatro veces más que en 2014, pasando de 10.094,00€ a 41.613,00€.", explica Podemos. "Pero esto no es todo, el importe total en 2016 fue de 100.348,01€, diez veces más que antes de su nombramiento. En 2017, el gasto fue de 97.479,20€, en 2018 de 150.491,60€ y en 2019 de 249.987,70€", añade la formación morada. "Para la justificación de estas cantidades no existe documentación que acredite ningún concurso público o licitación", concluye.

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"El contrato menor firmado en 2011 por Astrid Pérez sirvió a la posterior gerencia para justificar 639.922,51€ a una misma empresa mediante las llamadas “contratos facturas”, sin que exista proceso de licitación o adjudicación que estas cantidades conllevan, según las leyes de contratación pública, -tanto la actual de 2017 como la anterior-.", explica la formación morada. "La supuesta vinculación del entonces presidente del consejo de administración, Echedey Eugenio, con las empresas del grupo, nos hace suponer que existe una motivación ilegítima en la falta de diligencia en el procedimiento administrativo", explica Podemos. "Por todo esto, creemos conveniente poner en conocimiento de la fiscalía anticorrupción estos hechos para que investigue de oficio si se han cometido irregularidades", concluyen.