La Audiencia provincial desestima los recursos formulados por la CEC

Castellón

La Audiencia provincial de Castellón ha desestimado los recursos formulados por la Confederación de Empresarios de Castellón, CEC, y el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón relativos al presunto fraude de los cursos de formación de la CEC. La sección primera considera que las pruebas practicadas hasta el momento "no permiten descartar" que se hayan cometido los delitos, por lo que la instrucción continúa.

Así se desprende del auto que ha hecho público este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que se resuelve el recurso que presentaron los investigados el pasado 7 de febrero. La Audiencia provincial confirma el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Nules y recuerda que hay diferentes pruebas que reflejan que la Confederación de Empresarios de Castellón no destinó cerca de 2 millones de euros, provenientes de subvenciones de la Generalitat para la realización de cursos de formación, a dicha finalidad. Además, la resolución emitida por la Audiencia provincial reclama a los apelantes, que son cuatro mecantiles, la CEC y el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, que paguen las costas del procedimiento penal.

Los recurrentes pretendían que se archivara el proceso al solicitar que se desestimara el auto de incoación de procedimiento abreviado (proceso penal que instruye una causa cuando las penas privativas de libertad no superen los cinco años) dictado anteriormente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules.

El magistrado explica en la resolución del recurso que en el auto se recoge el relato de los hechos que explica que los investigados, cuatro empresas, la CEC, dos personas y el Instituto de Fomento de Formación Empresarial de Castellón S.L., emitieron facturas con cargos a fondos de subvención concedida a CIERVAL por cursos de formación que no se impartieron. 

Los testimonios prestados y la documentación recabada en esta fase de instrucción, según argumenta el magistrado, "constituyen diligencias de investigación que permiten considerar la existencia de suficientes indicios racionales de criminalidad contra los ahora recurrentes para el dictado de la resolución que acuerda continuar contra ellos la causa por los trámites del procedimiento abreviado".

En julio de 2016 el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules concluyó la instrucción de esta causa y acordó procesar a dos dirigentes de la patronal castellonense, Rafael Montero y José Antonio Espejo, y a tres empresarios. El instructor procesó también a la CEC, al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la anterior, a la patronal autonómica Cierval, y a otras cuatro mercantiles como academias y centros de formación que supuestamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los 12 que recibió ésta última de la Generalitat Valenciana.

Los hechos se remontan al año 2009 cuando la Generalitat transfirió 12 millones de euros a Cierval para la realización de cursos de formación, que fueron asignados a la Confederación de Empresarios de Castellón, que recibió cerca de 2 millones de euros, y que al parecer no pudo justificar que los cursos se realizaran en su totalidad.