Los trabajadores de las electrointensivas vuelven a exigir en A Coruña el Estatuto al Gobierno
Levantan una barricada ante la Delegación del Gobierno para reclamar soluciones
Movilización de los trabajadores de electrointensivas / Marcos Sanluis
A Coruña
Los trabajadores de las electrointensivas han vuelto a movilizarse en demanda del Estatuto prometido por el Gobierno que establezca un precio de la energía que haga competitivas a sus empresas. Llegados de toda Galicia, este miércoles se han concentrado ante la Delegación del Gobierno y luego han ido en manifestación hasta la Subdelegación en la provincia y vuelta.
Barricada de neumáticos
En plena Plaza de Ourense han levantado una barricada de neumáticos ardiendo que ha generado una gran columna de humo. El corte de tráfico ha provocado importantes retenciones en dirección entrada a la ciudad, desde la avenida de Alfonso Molina. La situación ha comenzado a normalizarse pasado el mediodía.
Los sindicatos, bajo el signo de la unidad, denuncian que la falta de una regulación energética adecuada para la industria electrointensiva pone en riesgo permanente la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
Xoan Xosé Bouzas, de la CIG, critica las medidas del Gobierno: "non son efectivas senón que está pasando exactamente o que pasou hai un ano. É unha despreocupación total, o Goberno non ten interese por este tipo de industrias e nos están avocando ao peche das empresas e a deixar en Galicia todo este deserto industrial nas provincias da Coruña e de Lugo".
Llevan esperando el Estatuto desde finales de 2019
Trabajadores y representantes sindicales echan en cara al Gobierno que pese a sus compromisos de finales del año pasado no haya aprobado todavía un Estatuto para las grandes consumidoras de energía en un sector que requiere de precios eléctricos competitivos. Le conminan a que lo apruebe por la vía de urgencia.
Los trabajadores reclaman del Ejecutivo central y también de la Xunta de Galicia medidas que permitan la recuperación del control público del precio de la energía y una transición energética justa social y territorialmente.
Y señalan que no se puede permitir que las empresas eléctricas salgan de este proceso manteniendo su posición privilegiadas a cuenta de acumular más ganancias por los altos precios de la energía mientras el empleo está en vías de extinción.
