La pérdida de ingresos y el limbo contractual del 30 de junio, grandes preocupaciones en el fútbol español

Valencia

Aunque con una velocidad diferente y unos asuntos sobre la mesa que poco o nada tienen que ver con los habituales en esta época del año, la actividad no cesa en los clubes deportivos. La crisis del COVID-19 ha parado la competición, pero sigue habiendo mucho que ejecutar y planificar. El problema es que la toma de decisiones se está viendo gravemente condicionada por los interrogantes que plantea el futuro a corto plazo.

En su comparecencia posterior a la Comisión de Seguimiento del pasado jueves, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, aseguró que el próximo día 25 volvería a producirse una reunión en la que el máximo organismo del fútbol español evaluaría el estado de la situación junto a LaLiga y la AFE. Las decisiones que pueden desprenderse de esa cumbre serán seguidas al detalle por directivos, entrenadores y futbolistas.

Uno de los escenarios en los que se trabaja pasa por la no deseable suspensión de la competición. Si ya no se disputaran más jornadas, siempre según datos de LaLiga, los clubes de Primera dejarían de percibir 494 millones de euros en concepto de derechos televisivos, a lo que habría que añadir las pérdidas porcentuales de taquillas, abonos y patrocinadores, que reducirían su parte proporcional.

Una reducción de los ingresos que podría afectar a los salarios de los jugadores. En los vestuarios de la Liga Santander se comentaba con preocupación hasta hace un par de días la posible reducción de un 20% en el sueldo de los futbolistas. Sería una medida con la que los clubes tratarían de atenuar el impacto negativo que la inactividad generaría en sus finanzas.

Si la competición se suspende de forma definitiva, también será necesario tomar una decisión con respecto a esos futbolistas que, por ejemplo, renuevan automáticamente o cobran un suculento bonus si disputan 25 ó 30 partidos. La imposibilidad de completar la temporada condiciona de forma absoluta la viabilidad de sus contratos.

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Otro aspecto que preocupa en todos los estamentos futbolísticos está relacionado con el limbo contractual que podría producirse en el caso hipotético de una reanudación de la temporada que llevará los partidos más allá del 30 de junio, fecha en la que expiran contratos, cesiones y deben ser aplicadas las cláusulas y/o bonificaciones negociadas por clubes y jugadores. ¿Qué sucedería con los futbolistas cedidos que el 1 de julio deben regresar a sus equipos de origen? En el caso de una recuperación más rápida de lo previsto, ¿podría Garay jugar partidos en el Valencia durante el mes de agosto aunque no hubiera renovado su contrato?

Nuevos desafíos para una situación inédita. Son las consecuencias menos importantes de la crisis del COVID-19, pero no por ello deben dejar de ser contadas.