Ramírez: "Los servicios jurídicos y los de La Liga nos dijeron que no nos aceptarían el ERTE

Las Palmas de Gran Canaria

La intención era la de acogernos, pero al ver que nuestra empresa tiene más de 50 y nuestros trabajadores recibirían el 70% de su sueldo, el quebranto para ellos sería muy importante, desistimos"

Recordó que “si tenemos en cuenta que cobran sobre una base de 1200 euros y solo cobrarían ese 70%, pues se le quedarían 700 o 750 euros, cuando cotizan un salario neto de entre 1500, 1700 o 2000 euros. El perjuicio que les podríamos ocasionar, además de estar confinados en sus casas sin poder trabajar, aunque ellos quieren, era grande, y aunque nosotros pretendíamos complementar lo que recibirían, nuestros servicios jurídicos y los de La Liga nos dieron las mismas conclusiones, las que hacían peligrar que no se nos aceptara el ERTE por parte del Gobierno, por lo que decidimos desistir”,

Es por ello que “en un tiempo donde solo se escuchan malas noticias y nuestros empleados no pueden salir de sus casos, si le uníamos el perjuicio económico que esta medida les ocasionaría, que difícilmente les haría cumplir con sus obligaciones, decidimos no hacer frente al ERTE a los empleados, a los jugadores y cuerpos técnicos de la cadena de filiales”.

Recordó el mandatario insular que “los jugadores y cuerpo técnicos y demás empleados del primer equipo no entraban en esta operación porque el esfuerzo que tuvieron que realizar este pasado verano para cumplir con el limite salarial fue importante, por lo que no era de recibo pedirles otro esfuerzo”.

Con todo esto “seguiremos adelante y pagaremos los sueldos íntegros hasta el 30 de junio a los 242 trabajadores. Si quitas todos los que trabajan en el primer equipo, nos habríamos quedado en el ERTE con unas 205 personas, que son todos los jugadores desde el juvenil, el equipo C de Tercera y el Las Palmas Atlético, de Segunda B, con sus respectivos cuerpos técnicos. Al no llevarlo a cabo el importe mensual que tendremos que afrontar cada mes es de un millón y medio, por lo que si nos ponemos en el peor de los casos, que tengamos que afrontar los pagos hasta el 30 de junio, pagaríamos unos 6 millones de euros. Solo si se reanudara la competición antes de esa fecha, el gasto sería menor, pero toca esperar”.

Lo que se trata es de “no generarle un quebranto económico a empleados que lo ha dado todo por nosotros. Lo que pasa es que como se están cambiando las normas cada dos por tres y toca interpretar el Real Decreto, no sé si en el tiempo se tomarán otras medidas, pero si fuera así se podría cambiar las cosas”.