El presupuesto de Aragón, destinado a luchar contra el Covid-19

Zaragoza

El Gobierno de Aragón enfoca todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma a afrontar la crisis provocada por el coronavirus. Hoy ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes.

El objetivo, según el Consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, es "poner toda la administración focalizada a combatir la guerra o a ganar la guerra contra el COVID-19".

Perez Anadón ha explicado que se quiere "flexibilizar y agilizar la toma de decisiones" para atender las consecuencias del Covid en sectores como el sanitario, el social u el económico.

En ese sentido, el Gobierno podrá ampliar el crédito en cualquier medida necesaria para atender los gastos para afrontar las consecuencias del coronavirus: "Ninguna actuación relacionada con el COVID-19 necesitará informe previo de la Dirección General de Presupuestos".

Además, comentó que "Se anticiparán transferencias nominativas y mensuales al IASS, Salud, Banco de Sangre y Tejidos y al Instituto Aragonés de la Salud".

También se afrontarán operaciones de endeudamiento a corto plazo, los funcionarios podrán ser reubicados en otros puestos donde sean más necesarios, y también se incluyen medidas económicas para los sectores afectados.

"Estamos planteando la priorización clara de todo lo que significa pagos a PYMES y Autónomos con el fin de que el eslabón más débil de la cadena desde el punto de vista empresarial no sufra de golpe lo que van a ser los efectos de esta crisis", explicó Anadón.

Otra medida fundamental es la del refuerzo de la cadena alimentaria para que no haya desabastecimiento y sobre la que el Consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, garantizó que "se considere como esencial el abastecimiento a la población".

Por eso, "se incorporará también como imprescindible todo lo que son explotaciones agrarias y ganaderas" con el objetivo de que "no se rompa la cadena alimentaria de producción para llegar a la distribución y por lo tanto también lo que son los proveedores y los establecimientos comerciales de materias primas".

El Gobierno también adopta medidas para asegurar el inicio del curso en septiembre. Y por último, el decreto da cobertura juridica a los Ayuntamientos para que tomen las decisiones de emergencia que necesiten.