Las multas por no depurar las aguas de Isla Cristina y Matalascañas se elevan a 4,1 millones de euros

Huelva

Las sanciones de la Comisión Europea por no depurar las aguas residuales de Isla Cristina y Matalascañas se elevan a 4,1 millones de euros hasta el momento. Las multas seguirán creciendo semestralmente otros 1,7 millones, hasta que las administraciones responsables no solucionen el problema. La Comisión entiende que España no ha adoptado todas las medidas necesarias para cumplir la norma europea y ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno, así lo aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo, ha decidido que la actuación en Isla Cristina es competencia de la Junta de Andalucía. Su ejecución fue declarada de interés autonómico en 2010. La Junta es la causante del incumplimiento y por lo tanto debe asumir el pago de la multa, que asciende a 953 mil euros semestrales. Es una sanción coercitiva impuesta por la Comisión por incumplir la Directiva de Aguas Residuales y en cumplimiento de la sentencia de abril de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La depuradora de Matalascañas es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica al tratarse de una actuación declarada de interés general. La sanción semestral de esta última se eleva a 745 mil euros.

Para Ecologistas en Acción, esta resolución pone de manifiesto la pasividad y negligencia de las Administraciones. El colectivo dinero lo paguen los funcionarios y autoridades responsables del daño causado.

Esta distribución de responsabilidades económicas aparece publicada en el BOE del pasado 20 de marzo, donde se recoge la Resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que resolvía quién será la Administración responsable de pagar las multas.

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En Andalucía

Las sanciones se elevan a 13 millones de euros hasta el momento en toda la comunidad. Las multas seguirán creciendo semestralmente otros 5 millones, hasta que las administraciones responsables no solucionen el problema. 

La actuación en Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín, es competencia de la Junta de Andalucía. Su ejecución fue declarada de interés autonómico en 2010. La Junta es la causante del incumplimiento y por lo tanto debe asumir el pago de la multa que asciende a 2,2 millones de euros semestrales. 

Las depuradoras de Barbate, Matalascañas, Estepona y Nerja son responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica al tratarse de una actuación declarada de interés general. La sanción semestral de estas últimas se eleva a 2,8 millones de euros.