Los detenidos declaran por videoconferencia en los juzgados de la Comunitat Valenciana

Valencia

La iniciativa, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, está amparada en diversas disposiciones legales e irá extendiéndose poco a poco por toda la Comunitat Valenciana. De hecho, la Comisión Provincial de Seguimiento para el COVID-19 constituida en la Audiencia de Castellón aprobó el día 1 de abril un protocolo que regula el empleo de estas herramientas tecnológicas y lo considera “totalmente aconsejado y justificado por razones de salud pública”. La misma comisión ha acordado que las fuerzas de seguridad puedan remitir a los juzgados los atestados mediante correo electrónico.

En esta provincia, los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil están realizando gestiones para implantar el sistema en diversos centros de detención y permitir su interconexión con los juzgados a la mayor brevedad posible.

Los juzgados de guardia de Instrucción y Violencia sobre la Mujer de València fueron los primeros y comenzaron ya a celebrar videoconferencias para las declaraciones judiciales y legalización de personas detenidas el último fin de semana de marzo.

Por su parte, los Juzgados de Elche empezaron a usar estos medios telemáticos el pasado día 31 de marzo con personas detenidas en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

En la ciudad de Alicante, el sistema está ya habilitado para que pueda comenzar a ser utilizado igualmente con conexión a una comisaría de Policía. El magistrado-juez decano de Alicante ha dictado un acuerdo en el que se informa de su puesta en funcionamiento. El acuerdo establece que es conveniente el uso de la videoconferencia para las declaraciones judiciales de detenidos “dada la prórroga del estado de alarma y la intensificación de las medidas de confinamiento”, aunque matiza que ello “no sustituye en ningún caso ni limita” la decisión que adopte al respecto el juez de guardia.

El objetivo de la medida es evitar el desplazamiento de detenidos a la sede judicial y minimizar así el riesgo de contagio tanto entre los miembros de las fuerzas de seguridad como entre los propios investigados y el personal al servicio de la Administración de Justicia. El uso de este sistema posibilita asimismo que los fiscales de guardia o los abogados defensores asistan también a las declaraciones por medios telemáticos.