La abogacía pide a la administración regional que les incluya en las ayudas dirigidas a los autónomos

Segovia

La abogacía vive con preocupación y responsabilidad la crisis del coronavirus. El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, ha declarado que la actividad está prácticamente parada, pero a la vez forman parte de esas actividades esenciales marcadas por el Gobierno. “Tenemos que seguir asistiendo a los detenidos, a las víctimas de violencia de género y/o las cuestiones urgentes que nos demanden los juzgados”. Asimismo, anotaba que la actividad es complicada porque puede acudir a sus despachos pero a ellos no se pueden acercar los ciudadanos. La actividad es limitada, “los escritos procesales no podemos llevarlos a los juzgados y los juicios, comparecencias y vistas están suspendidos. Muchos despachos están teniendo problemas porque no se están admitiendo los ERTEs presentados”.

Ha enviado un escrito a la Consejería de Economía y Hacienda solicitando que incluya a los mutualistas de la abogacía en los préstamos del Instituto para la Competitividad de Castilla y León.

Una situación que en nuestra comunidad afecta a más de 5.000 abogados, cerca del 45% descomplementan su actividad con el turno de oficio, la mayoría es abogacía procesalista, de contacto con los ciudadanos que se está viendo afectada.

Un sector el de la abogacía también preocupado por el día de después a esta crisis sanitaria, el presidente del Consejo de la Abogacía teme que se produzca un colapso judicial. “Tendremos que retomar la actividad, pero si a ello le unimos esa graduación de la vuelta a la actividad, habrá que tenerlo en cuenta” desde el Consejo General de la Abogacía se trabaja ya en el día de después, pero es pronto para hablar de esas medidas.