Ecologistas denuncian daños en el entorno de la futura macrogranja porcina de Dehesas de Guadix

Guadix

A principios de 2019, ecologistas, vecinos y varios representantes municipales, provinciales y regionales se unieron para tratar de impedir la ejecución de un proyecto que consideraban altamente nocivo para el medio ambiente y el turismo: el de la macrogranja porcina en el municipio de Dehesas del Guadix.

Aquellas protestas lograron que se echara el freno de forma temporal al avance del proyecto, que desde el pasado verano se encuentra a la espera de que se presente un plan especial, necesario por sus dimensiones y su repercusión ambiental, que dependería de la Junta de Andalucía. Sobre ello no hay, de momento, noticia oficial alguna, lo cual no significa que los ojos de colectivos ecologistas —la Plataforma de Protección del Guadiana Menor y Ecologistas en Acción— no sigan puestos en la zona. De hecho, aseguran que el promotor del proyecto, “muy relacionado con la industria cárnica murciana”, según destacan, no se ha quedado de brazos cruzados todo este tiempo, sino que se ha dedicado a allanar su camino a la espera de los permisos pertinentes. Eva Pérez, una de las integrantes de la citada plataforma, expresa que, en las inmediaciones de la parcela, una zona protegida e incluida dentro de la Red Natura 2000 por su gran importancia a nivel botánico, “han hecho un corte a matarrasa y han construido una acequia para conducir el agua del río hacia la finca”, algo que el colectivo denunció ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Seprona.

En cuanto a la puesta en marcha del proyecto, Pérez asume que, tarde o temprano, acabará sucediendo: “La promotora tiene mucho poder económico y nos tememos que todo acabará gestionándose de una manera o de otra”. En este sentido, recientemente se sumó a la ecuación una nueva variable con la que no se contaba hasta el momento: el Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, aprobado por la Junta con la excusa de para paliar el impacto económico de “las incertidumbres derivadas del “brexit”, tensiones proteccionistas” y “la crisis sanitaria provocada por el covid-19”, según reza en el mismo. Este Decreto-Ley introduce modificaciones, entre otras, en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental “con el objeto de simplificar determinados procedimientos, sustituyendo el régimen de autorización ambiental unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación ambiental”. Los colectivos ecologistas aseguran que estudiarán con detenimiento el Decreto-Ley “para saber hasta qué punto puede favorecer o no que la macrogranja se ponga en marcha”.