Las Comunidades del PP piden al gobierno central que asuma el coste del coronavirus

Madrid

Desde que Javier Fernández-Lasquetty llegó en agosto a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid ha conseguido aglutinar en torno a sus demandas al resto de gobiernos regionales que están bajo presidencia popular. Actúa como una especie de 'primus inter pares' -el primero entre iguales- en el mapa de haciendas regionales bajo el mando del PP, que se completa con Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Ceuta. Al fin y al cabo él llegó al cargo directamente desde Génova, donde era el jefe de gabinete de Pablo Casado. El consejero madrileño forjó este G6 popular en enero, en plena batalla con el Ministerio de Hacienda por parte de los recursos de la financiación autonómica de varios ejercicios y que Madrid -y otras regiones- reclaman. Ahora repite el formato para exigir al gobierno central que sea Moncloa quien asuma la factura de la pandemia de COVID-19.

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Como entonces, Fernández-Lasquetty estampa su firma junto a sus homólogos populares en una carta en la que le piden a la socialista María Jesús Montero que convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que los gobiernos central y autonómicos coordinan sus políticas fiscales. En esa carta los consejeros dicen que “se enfrentan al mayor reto sanitario y económico de la historia reciente de España” y por eso exigen la “creación y reparto de un fondo no reembolsable adicional a los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica para combatir la pandemia en todas sus vertientes, tanto sanitaria como económica”. Defienden este mecanismo para canalizar los fondos que la Unión Europea ha acordado liberar -500.000 millones de euros para todos los países miembros- y que lleguen “a la primera y principal línea de lucha” contra el coronavirus, las Comunidades Autónomas. El problema es que esos fondos europeos sí habrá que devolverlos y, si se entregan sin compromiso de reembolso a los gobiernos regionales, será el Ejecutivo central el que cargue con la pesada herencia económica que, se prevé, deje la crisis sanitaria.

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“El esfuerzo presupuestario derivado de esta doble crisis carece de precedentes“, aseguran los consejeros populares en la carta. Un crecimiento del gasto público al que Fernández-Lasquetty pone cifras en unas declaraciones remitidas a los medios por su equipo: “10.000 profesionales sanitarios más, 2.200 personas adicionales trabajando en centros de mayores, 700 respiradores o 332 toneladas de EPIs -equipos de protección individual- significan un gasto muy importante”, que el consejero cifra en 2.000 millones de euros en el caso de Madrid. Un roto que equivale al 10% del presupuesto regional, aunque Madrid tiene margen para afrontarlo. Hace solo trece días el propio Fernández-Lasquetty sacaba pecho del bajo nivel de deuda pública de Madrid -14% del PIB regional-, el más bajo tras Euskadi y Canarias. Un hito que el dirigente madrileño ha achacado en alguna ocasión a “quince años ininterrumpidos de políticas liberales, frente a los dogmáticos”. Esas “políticas liberales” son las bajadas de impuestos que inició Esperanza Aguirre; y los "dogmáticos", aquellos que consideran que los servicios públicos madrileños están infrafinanciados. Una mochila de deuda ensuciaría ese expediente y complicaría la principal promesa electoral de Isabel Díaz Ayuso: “la mayor bajada de impuestos de la Historia”.

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que ya están haciendo esfuerzos extraordinarios. “Las Comunidades Autónomas han recibido sus ingresos con una previsión de crecimiento del 1,6% del PIB en 2020, cuando el FMI está diciendo que España puede tener un decrecimiento del 8%”, aseguró este lunes la ministra María Jesús Montero, que dice que los gobiernos regionales están recibiendo “unas transferencias muy superiores a las que les corresponderían”. También se han adelantado esos traspasos respecto al calendario habitual “para suministrar mayor liquidez”, según aseguran fuentes del departamento. Pero los consejeros populares lo ven insuficiente. Reclaman “un apoyo extra por parte del Estado sin condicionalidad de ningún tipo”. Es decir, sin tener que recurrir al FLA -al Fondo de Liquidez Autonómica-, que conlleva una vigilancia estrecha de las cuentas públicas de quien lo solicita, y que después hay que devolver. También quieren garantizarse que no tendrán que reembolsar en el futuro el dinero extra que están recibiendo en concepto de un crecimiento económico que no se va a producir. Es lo que se llama la liquidación del sistema de financiación autonómica y que se hará dentro de dos años. Una lista de deseos en la que hay que sumar uno más: que este “gasto extraordinario” no compute como déficit a la hora de valorar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, como ocurrirá a nivel europeo.