Asturias crea una comisión política y otra sanitaria para planificar la desescalada tras el COVID-19

Gijón

Con toda la cautela del mundo porque nadie sabe a ciencia cierta cómo será la evolución del COVID-19, pero Asturias ya empieza a pensar en la desescalada. O al menos cual será la manera de plantearla en la región ya que luego habrá que negociar con el Gobierno central y las instituciones europeas. Lo cierto es que el Principado se comporta mejor que la media y eso ha hecho que el Ejecutivo de Barbón mueva ficha. El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha avanzado que se crearán dos comisiones de trabajo, una de carácter político y otra de perfil técnico, presidida por el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño.

El objetivo pasa por "poner los cimientos" de un retorno a la normalidad que debe ser gradual, con la coordinación de otras comunidades autónomas y liderados por el Ministerio de Sanidad". El consejero también ha anunciado la posibilidad de realizar "pilotajes en zonas localizadas para tener cierta experiencia y compartirla entre las comunidades autónomas".

Uno de los asuntos que preocupa, no solo en Asturias, es el precio del material sanitario. Especial antención merecen las mascarillas donde a la falta de las mismas, se ha sumado su elevado precio. Fernández ha anunciado que han solicitado al Ministerio del ramo que redacte una norma para poder fijar un precio.

Situación residencias

Sobre la situación de las residencias, en la actualidad hay 54 intervenidas y más de la mitad, en concreto 26, pertenecen a la red privada; otros 15 son públicos y 13 más tienen conciertos con la Administración autonómica. La intervención consiste en designar un empleado público para organizar la actividad asistencial. Además, otros seis centros han sido transformados en dispositivos de atención sanitaria. Se trata de las residencias de San Pedro de Mallecina (Salas), el Centro Gerontológico Jovellanos (Gijón), El Centro Polivalente de Recursos (CPR) Grado, El CPR Naranco y el Centro Residencial Arco Iris (Oviedo) y el CPR Palacio del Villar (Castrillón).

Salud ha nombrado en cada una de las ocho áreas sanitarias a un coordinador específico de centros sociales residenciales encargado de supervisar estos equipamientos. Estos profesionales se suman a los 54 empleados públicos designados como interventores por el Servicio de Salud del Principado (Sespa).

En cuanto a cifras, el consejero ha desglosado que hay 644 personas en las residencias asturianas enfermas de COVID-19. Tres cuartas partes son ancianos y el resto trabajadores. Fernández ha desglosado que, en términos porcentuales, supone que el 3,8% de residentes asturianos han pasado o padecen la enfermedad y el 2,6% de los trabajadores. Por sexos, tantos en residentes como en trabajadores predominan los positivos en mujeres.