Asturias quiere que los perceptores del salario social cobren el ingreso mínimo vital del Gobierno central

Gijón

El Gobierno asturiano quiere que los beneficiarios del salario social reciban el ingreso mínimo vital. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha trasladado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la necesidad de que la nueva prestación estatal se articule de manera ágil y coordinada con la ayuda regional, puesto que será, en muchos casos, "complementaria a la prestación autonómica, vigente desde 2005".

Álvarez ha explicado que además "queremos que no tengan que llevar a cabo gestión alguna, sino que se realice de forma automática y sencilla y que se reduzcan al máximo los tiempos de espera". La consejera mira hacia la burocracia y espera que "no agrave la vulnerabilidad social y económica en la que se encuentran las personas beneficiarias del salario social básico".

Durante la videoconferencia celebrada esta mañana, los representantes del ministerio han avanzado algunos detalles sobre el ingreso mínimo vital, una prestación de carácter estatal, homogénea en todo el territorio y muy similar a la renta mínima asturiana, ya que tendrá en cuenta ingresos, patrimonio y número de integrantes de la unidad familiar. También se tomarán en consideración los incentivos al empleo y las medidas de incorporación social.

Aunque el ministerio no ha concretado la cuantía ni los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital, Melania Álvarez ha insistido en la necesidad de articular sistemas de pasarela con las comunidades autónomas cuando finalice el diseño de la prestación estatal, una postura que ya defendió este domingo el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la reunión telemática con Pedro Sánchez.

Actualmente, 22.000 familias perciben en Asturias el salario social básico, de manera que se da cobertura al 4,4% de la población. En función de la configuración final del ingreso mínimo vital, estos hogares podrían tener derecho también a la prestación nacional. Ante esta circunstancia, el Principado aboga por realizar un trasvase automático entre ambas prestaciones, de manera que se eliminen cargas burocráticas a la ciudadanía y a las propias administraciones, contribuyendo así a que la implantación de la nueva renta mínima estatal sea rápida y eficaz.