UGT considera un fraude que se quiera hacer otro ERTE en la EMT

Valencia

El pasado día 9 de abril, la EMT inició un Expediente de Suspensión Temporal de empleo (ERTE), que afectaba a más de 400 trabajadores y que se fundamentaba en la existencia, según la empresa, de fuerza mayor derivada del estado de Alarma. En concreto, argumentaba la EMT que las limitaciones de la libertad de circulación de las personas, que solo pueden circular por las vías de uso público para la realización de determinadas actividades afectaba de forma sustancial a la actividad de la empresa y proponía a la Autoridad Laboral que aceptase la suspensión de los contratos de más de 400 trabajadores desde el 9 de abril hasta el 10 de mayo del año en curso.

El 16 de abril, la Dirección General de Trabajo resolvió rechazar la petición de suspensión de los contratos de 419 trabajadores. El fundamento esencial, que comparte la UGT, es que la EMT pertenece al sector público, y que La Empresa Municipal de Transportes de Valencia sí está clasificada como Administración Pública en el inventario de entes del sector público local, por lo tanto no se financia mayoritariamente por los ingresos que obtiene de su actividad según los presupuestos 2020.

En efecto, las fuentes de financiación de las entidades públicas es el criterio que termina si pueden o no acogerse a un ERTE. De modo que si la entidad pública se financia mayoritariamente con ingresos obtenidos de su actividad, en este caso, de la venta de billetes, puede plantear la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores, pero si la financiación corre a cargo de la Administración, el Estatuto de los Trabajadores veta de forma rotunda la posibilidad de plantear un ERTE.

Y, lo relevante es que el veto legal se extiende tanto a los ERTES de fuerza mayor como a los de causas ETOP y esto precisamente es lo que la EMT ha planteado en su segundo intento de ERTE. Si todavía quedara algún género de duda sobre si a la EMT se le debe aplicar la restricción del Estatuto de los trabajadores, se disipa totalmente acudiendo a las distintas leyes sobre el sector público de las Comunidades Autónomas, que concretan la naturaleza de Derecho Público o Privado de las entidades que comprenden el Sector Público.

En nuestro caso, hay que decir que la Empresa Municipal de Transportes de Valencia sí está clasificada como Administración Pública en el inventario de entes del sector público local. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la EMT ha decidido iniciar tras la resolución denegatoria de la autoridad laboral, la negociación de un nuevo ERTE.

Esta vez, lo intenta hacer transitar por otro procedimiento, el que se utiliza para causas productivas, y en este nuevo procedimiento, son llamados los representantes de los trabajadores para negociar. El procedimiento, a nuestro juicio, no respeta la legalidad vigente; no se ajusta a las causas establecidas por las nuevas normas que regulan el estado de alarma e impone inseguridad jurídica a los trabajadores “supuestamente afectados”.

El nuevo ERTE podría ser recurrido por cualquiera e incluso revisado de oficio, dado que hay una resolución ya de EMT-VALENCIA. Esto crea incertidumbre, en los derechos de cobro de los trabajadores.Por otra parte, podría ser un fraude a las arcas públicas, por cuanto se pretendería producir un ahorro en costes salariales en la EMT, a costa de los fondos públicos del SEPE.Desde FeSMC-UGT, sindicato mayoritario en el País Valenciano, no podemos más que manifestar que a nuestro juicio “estaríamos ante un posible fraude con responsabilidades de la empresa, de los firmantes de ese nuevo ERTE y, en su caso, de los miembros del propio Consejo de Administración de la EMT que lo aprobasen.

Además es inmoral que una empresa que se financia con dinero público, pretenda utilizar para cuadrar sus cuentas, dinero del Estado destinado al desempleo de los millones de trabajadores en paro. Entendemos que en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, no puede imponer la suspensión de los contratos de sus trabajadores por medio de un ERTE, por pertenecer al sector público local y por su forma de financiación.Creemos que a los trabajadores de la EMT hay que tratarlos como todo el sector público, dado que son trabajadores públicos y negociar un acuerdo que no vulnere sus derechos ni merme sus salarios. Este ERTE que se plantea solo sirve para crear incertidumbre y abrir puertas futuras de vulneración de derechos de los trabajadores.