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Domingo, 31 de Mayo de 2020

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Caso Blasco

La Coordinadora de ONGD califica de decepcionante e indignante la sentencia del caso Blasco

Anuncia que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo porque considera ridículas las penas impuestas por la Audiencia de Valencia

Protesta a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València durante la celebración del juicio del caso Blasco

Protesta a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València durante la celebración del juicio del caso Blasco / CONGD

La Coordinadora Valenciana de ONGD califica de decepcionante e indignante la sentencia que condena a 21 de los 24 acusados por el caso Blasco, entre ellos el ex conseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, a penas que califica de ridículas.

Carles Xavier López, portavoz de la Coordinadora, lamenta que a pesar de declarar probados unos hechos gravísimos y de condenar por delitos de malversación, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental, entre otros, la sentencia impone unas penas que no están ni mínimamente en proporción con la gravedad de esos delitos. Además, para la Coordinadora, es incomprensible que la sentencia aplique atenuantes como la reparación del daño causado, cuando los condenados no han devuelto ni tan siquiera una pequeña parte del dinero robado.

La sentencia supone que, con casi total seguridad, los acusados no irán a prisión por los delitos cometidos. Por eso, la Coordinadora de ONGD anuncia que presentarán recurso ante el Tribunal Supremo para que la sentencia se corresponda con la gravedad de los hechos confesados por los acusados y reconocidos como probados en la propia sentencia de la Audiencia.

“El tribunal ha sentenciado que la trama encabezada por Blasco y Tauroni fue real. Hay decenas páginas que detallan cómo trampeaban los procedimientos para adjudicar proyectos de cooperación a falsas ONGD, que identifican al menos 27 empresas radicadas en España y EEUU, a los que los testaferros de Tauroni desviaban el dinero de las subvenciones públicas para cooperación. Y así un largo etcétera de hechos delictivos probados, para los que se imponen penas mínimas. Estamos perplejos”, ha afirmado Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular en el caso.

Atenuantes incomprensibles

En particular, a juicio de la Coordinadora, resulta incomprensible que se apliquen a todos los condenados atenuantes como los de “dilación indebida” del procedimiento, cuando los retrasos han sido a causa de los recursos que han interpuesto a cada paso sus propias defensas, el de “reparación del daño causado”, cuando los condenados han devuelto una ínfima parte del dinero robado, así como la “confesión tardía” cuando la mayoría de los condenados se negaron a declarar en el acto del juicio. También es sorprendente que la sentencia no se ocupe de cuantificar con exactitud la cantidad del dinero que defraudaron los condenados, cuestionando el criterio de los peritos.

“Consideramos absolutamente insuficientes y de dudosa validez los bienes que han ofrecido los condenados para resarcir a la ciudadanía valenciana por el dinero destinado a proyectos de cooperación internacional que desviaron en su propio beneficio. Son bienes que o no son de su propiedad o están embargados a cuenta de lo que tienen que pagar por otros juicios en los que han sido condenados antes”, explica Lourdes Mirón.

“Esta sentencia no garantiza que los responsables de esa trama corrupta, una de las más inmorales que hemos sufrido en la Comunitat Valenciana, devuelvan el dinero robado o vayan a la cárcel como corresponde con la gravedad de los delitos que han cometido, que incluyen la malversación de fondos públicos, la prevaricación, el fraude de subvenciones y la falsedad documental, entre otros. El mensaje que se está enviando es el de impunidad y el de que cometer delitos de guante blanco sale muy barato”, añade la presidenta de la Coordinadora.

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