Viernes, 10 de Julio de 2020

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Administradores de fincas advierten de que un 10 % de las urbanizaciones permite el acceso, pese a ser ilegal

Critican que "la indefinición del Gobierno" respecto al uso de elementos comunes ha provocado un aluvión de llamadas y consultas, que se repitirá esta semana con la previsión de poder pasear

Una urbanización con piscina en Alicante, fuera de uso por la pandemia.

Una urbanización con piscina en Alicante, fuera de uso por la pandemia. / Sonia Martín

El Colegio de Administradores de Fincas de Alicante (COAFA) lamenta la indefinición del Gobierno en el último decreto publicado en el BOE para regular los paseos de los niños, que solo hace referencia a las salidas al exterior y no especifica nada, dicen, sobre las urbanizaciones.

Asegura que la pasada semana los administradores han sufrido un aluvión de llamadas y consultas tras el anuncio que se hizo de esta medida y auguran que esta va a pasar lo mismo ante la previsión de poder hacer deporte o pasear a partir del 2 de mayo.

Se quejan de que este fin de semana ha sido "un caos, sobre todo el domingo por la tarde", porque, aunque el 90 % de los propietarios siguió sin hacer uso de los elementos comunes de los edificios, el resto -sobre todo en zonas costeras como Alicante- sí permitió el acceso, sin que la cuestión pasase por junta de propietarios, algo que es ilegal.

Augusto Soler, presidente del Colegio de Alicante, explica que ahora mismo la legislación de la Comunitat Valenciana no recoge la posibilidad de realizar juntas telemáticas y que en algunas comunidades la mitad de los propietarios son segundos residentes que ahora están ausentes. Recuerda que los administradores no tienen potestad tampoco para regular ni impedir estas conductas; por eso, pide a los políticos mayor claridad.

Entretanto, Soler, vicepresidente también del Consejo General de Administradores de Fincas español, pide atenerse al documento que han hecho público este fin de semana, en que aclaran que el Gobierno ha atendido su propuesta para descartar que las comunidades de propietarios puedan regular el uso de sus espacios.

Insisten en que no se ha autorizado la apertura de ningún espacio comunitario y, por lo tanto, "deben permanecer cerrados todos los espacios y elementos comunes que actualmente no pueden utilizarse".

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