Los trabajadores despedidos por Isidro de la Cal llevan sin cobrar desde noviembre

A Coruña

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha dispuesto la extinción de los contratos de trabajo que vinculaban a la empresa concursada Isidro 1952, la antigua Isidro de la Cal, con 120 trabajadores, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La magistrada indica en la resolución, de 31 de marzo, que se ha acreditado "la disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o de ventas de la empresa".

Además, destaca que en la memoria explicativa de las causas que motivan la solicitud de extinción de las relaciones laborales de la compañía se expone cuál es la situación económica y financiera de la sociedad.

Los trabajadores reconocen que esperaban una sentencia así. Su preocupación está en que llevan sin ingresos desde noviembre. Olga Rodríguez, presidenta del comité de empresa, recuerda el tiempo que llevaban sin cobrar: "Sí que lo esperábamos porque ya a finales de febrero hicieron el segundo ERE, están sin cobrar desde noviembre, ahora esperando por las certificaciones, y claro la gente está desesperada".

Menos ventas y producción

En ese documento también se puede comprobar, según el auto, que en el ejercicio 2018 las ventas se redujeron un 12,37% respecto al año anterior y en 2019, un 22,21%.

La jueza recuerda que LIDL, que era el principal cliente de la compañía, comunicó a finales de 2017 su intención de diversificar la red de proveedores, lo que supuso que se redujesen los pedidos.

"El descenso del volumen de ventas y de la producción obliga a ajustar los recursos humanos a las necesidades productivas. Así se ha probado con el detalle de la reducción de producción de bandejas, que se ha acomodado a las modificaciones sufridas en la demanda de productos", destaca la magistrada en el auto.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña considera también "acreditadas" las causas económicas y productivas que motivaron la medida colectiva interesada por la administración concursal, consistente en la extinción de los contratos de trabajo de 120 trabajadores.

"Además, no hay motivos para apreciar en este caso indicio alguno de dolo, fraude, coacción o abuso de derecho", destaca la magistrada en su resolución.