El fondo buitre planea de nuevo

Torrejón de Ardoz

Mientras la crisis sanitaria y económica del covid-19 monopoliza, prácticamente, toda la atención, otros conflictos continúan enquistados, o avanzando. En algunos casos, incluso, relacionados de algún modo con la paralización de la actividad general. Desde Torrejón de Ardoz, las familias afectadas por la venta de vivienda protegida a los denominados "fondos buitre" vuelven a alzar la voz después de que el fondo de inversión Blackstone, a través de su filial en España, la socimi Fidere, haya comenzado a devolver recibos de alquileres con la renta anterior, según los afectados para justificar próximos desahucios.

El conflicto por la venta de vivienda protegida en alquiler a fondos buitre comenzó hace años pero se desató en Torrejón de Ardoz, principalmente, a mediados de 2019 cuando empezaron a expirar los plazos del precio de alquiler fijado, de partida, por la Comunidad de Madrid. Entonces, los inquilinos comenzaron a recibir notificaciones para la renovación de los contratos con mensualidades que duplicaban la cuantía vigente hasta entonces. El número de afectados por este cambio rondaba el millar, en bloques de viviendas de las calles Juan Gris, Joan Miró, Francisco Salzillo, Benjamín Palencia o Avenida de la Democracia. "Ahora quedamos unas cien familias en la lucha", explica desde Juan Gris el portavoz de la plataforma Bloques en Lucha, Marco Trillo. "Muchas familias han tenido que dejar las casas, irse a vivir con familiares, incluso fuera de Torrejón de Ardoz porque no podían asumir las condiciones. Otros las han aceptado".

Trillo, miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, cuenta cómo en las últlimas semanas, en plena crisis del coronavirus, han visto cómo los recibos que seguían pagando con la renta anterior, han sido devueltos por Fidere. "Nos han devuelto varios recibos para que el día del juicio digan que nos van a desahuciar por impago. No vemos coherente todas esta situación con lo que estamos pasando del covid-19". Sindicato de Inquilinos explica que, como ahora las familias no pueden defenderse de las demandas haciendo una consignación judicial para que el juez tenga constancia de la voluntad de pago de las familias, devuelven ahora el dinero, los vecinos no pueden consignar, y ya estarán demandados. Consideran que esta maniobra podría vulnerar el espíritu del Real Decreto sobre protección de alquileres aprobado por el Gobierno

La protesta, ahora, se impulsa desde un par de bloques de viviendas con, al menos, 57 familias implicadas. El pasado verano no aceptaron el nuevo contrato de renovación planteado desde Blackstone que pretendía una subida de los alquileres del 100%. Desde entonces, siguen pagando o consignando en sede judicial el precio anterior del alquiler. "No vamos a parar en todo lo que estamos haciendo. Igual que estuvo el relator de la ONU, vamos a seguir haciendo ruido. De nuestras casas no nos van a echar", afirma Trillo.

Fidere se niega a negociar

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Solo en Torrejón de Ardoz, este conflicto ha afectado a 7 urbanizaciones completas tanto en manos de Blackstone como del fondo de inversión Azora. Pero el conflicto se extiende a algún bloque de Alcalá de Henares, Móstoles y varios distritos de Madrid. La socimi Fidere, filial de Blackstone en España y propietaria de muchas de estas viviendas, asegura que ha querido negociar pero los afectaos lo niegan. "En  ningún momento se han sentado a negociar. Les escribimos una carta con los puntos de los que queríamos hablar y el presidente de Fidere nos contestó "Ok. Un saludo". Así que, de momento, de negociar nada".