Garbiñe Biurrun: "Los juicios telemáticos son un absurdo"

Bilbao

La última propuesta del Ministerio de Justicia, durante esta pandemia del coronavirus, pasa por habilitar el mes de agosto y las tardes para realizar juicios. En Euskadi, son más de 8.000 los aplazados por el estado de alarma y seguirán acumulándose, teniendo en cuenta que ha vuelto parte de la actividad judicial, pero siguen suspendidos los plazos y la realidad es un funcionamiento "a medio gas". La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es una de las que más actividad está teniendo durante estas semanas, de ahí que su presidenta Garbiñe Biurrun pida en la SER un refuerzo de la plantilla judicial. Están emitiendo una media de "dos y tres autos" semanales y en todos se ha dado la razón a los demandantes que requieren más test o más medidas de seguridad. La Sala de lo Social del TSJPV ha requerido como medida cautelar de urgencia que se responda de forma urgente a las demandas del personal de Osakidetza, de la Ertzaintza, de ambulancias y de la Adminstración de Justicia.

La Sala que preside Biurrun interviene, habitualmente, de dos maneras: en primer lugar, en conflictos que afectan a territorios y que superan a los de los juzgados (como está ocurriendo con los autos emitidos requiriendo medidas de seguridad a las plantillas anteriormente mencionadas, por ejemplo); en segundo lugar, resolviendo recursos frente a sentencias que se dictan por Juzgados de lo Social. Recuerda Biurrun que, desde la declaración del estado de alarma se suspendieron los plazos y "prácticamente toda la actividad judicial está parada, aunque de forma telemática se hayan reanudado algunas cosas". Es a partir de ahora cuando van a empezar a notificarse resoluciones, nos dice, pero están todos los plazos parados y se está acumulando mucho trabajo. Asegura Biurrun que "primero se abrirá ese muro de contención con asuntos no tramitados en este mes y medio" pero ahí se empieza a sumar ya lo que denomina "nueva litigiosidad" vinculada a las consecuencias sociales y laborales de esta crisis. De momento, no se han registrado impugnaciones por ERTE en su Sala, pero es consciente de que "serán muchas ya que la mayoría de los que se están registrando no cuentan con el acuerdo de los comités de empresa". Eso supone un aumento de la litigiosidad importante, que va a concentrarse en el tiempo y que tendrá un añadido con el que cuentan "porque los ERTES traerán posteriores despidos".

Cuando Garbiñe Biurrun habla de "nueva litigiosidad", se refiere a una litigiosidad sobrevenida porque está directamente vinculada a la COVID-19. Mantiene que "son demandas y peticiones de medidas cautelares muy urgentes de protección de profesionales". En concreto, equipos inviduales, más test, prohibición de reciclado de batas, etc. A su juicio, que el Ministerio de Justicia proponga "juicios por videconferencia" como alternativa para adelantar los suspendidos "es un brindis al sol". Biurrun reconoce desconocer quién estará al otro lado, "si el fiscal en su oficina, el abogado en su domicilio y el ciudadano despedido en su casa", por no hablar de los testigos o los peritos. Su cuestionamiento tiene que ver con el cómo, ya que, para Biurrun, con los datos facilitados, "no es posible realizar estos juicios telemáticos con todas las garantías". Mantiene que "una persona, un testigo, por ejemplo, que vive en Madrid y no puede desplazarse o no conviene, ni hoy ni nunca, puede intervenir por videoconferencia, pero es una persona, no todos los sujetos que intervienen en un juicio". Para Biurrun es un absurdo y, además, algo para lo que no hay medios hoy por hoy.