Política

Podemos reaviva la esperanza de que el 'Caso Proincove' llegue a juicio

Este grupo político ha anunciado que la Audiencia Provincial admite sus recursos al sobreseimiento provisional del caso dictado por el juzgado número 1 de Aranda

La denuncia había sido interpuesta por la Fiscalía a instancias de Si se Puede Aranda

Los terrenos de la discordía fueron expropiados para construir una senda peatonal en la ribera del río / Cadena SER

Aranda de Duero

Podemos mantiene la esperanza de que haya un juicio para el Caso Proincove. Una perspectiva que ven más factible en este momento, ya que aseguran que la Audiencia Provincial ha respaldado sus argumentos para que se reabra la investigación, que fue sobreseída por el juzgado número 1 de Aranda en octubre del año pasado. La magistrada titular argumentó entonces que no había pruebas ni siquiera indicios de la existencia de hechos delictivos

La denuncia en la que se sugerían presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias o información privilegiada fue interpuesta por la Fiscalía a instancias de Sí se Puede Aranda, grupo político precursor de Podemos en la villa ribereña. Nada contentos con el sobreseimiento provisional decidieron recurrirlo en instancia superior. Podemos asegura que la Audiencia Provincial les da dado la razón ya que ha desestimado las alegaciones del propietario de los polémicos terrenos y el caso se tendrá que reabrir para seguir investigando si existieron los delitos denunciados.

El portavoz municipal de Podemos en el ayuntamiento de Aranda, Andrés Gonzalo asegura que ahora están a la espera de que el juzgado indique cómo continuará la investigación. Confían en que admita la declaración de nuevos testigos, puesto que recuerdan que por el juzgado solo pasaron tres de las personas cuyo testimonio habían pedido sus abogados, mientras que quedaron fuera varias solicitudes. En último término el objetivo de este grupo político es que la investigación culmine con un juicio en el que se determine si hubo responsabilidad y de quien en la mala gestión de un caso que ha supuesto un desembolso de más de siete millones de euros para las arcas municipales de Aranda.

 
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