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Los ayuntamientos de la Región de Murcia podrán hacer la evaluación ambiental de sus proyectos urbanísticos

Imagen aérea de Cartagena / Foto: Getty Images

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Murcia

Los ayuntamientos de la Región de Murcia podrán hacer evaluaciones ambientales de todos los instrumentos de planificación urbanística que aprueben y ampliar actividades ya evaluadas que no superen en más de un 30 % de sus emisiones sin necesidad de nuevas licencias.

Así consta en el nuevo decreto para mitigación de los efectos de la COVID-19 en el área de medioambiente que ha aprobado el Consejo de Gobierno este jueves y cuyo objetivo, según el consejero del ramo, Antonio Luengo, es agilizar los trámites y simplificar la carga administrativa, reduciendo plazos y unificando criterios, al tiempo que se mantiene la garantía de protección del medioambiente.

La nueva norma modifica la ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la región para adaptarla a las nuevas circunstancias derivadas de la crisis sanitaria, de manera que se eviten duplicidades y se pueda impulsar la economía regional, ha señalado Luengo en rueda de prensa.

Entre las principales novedades, destaca la de que los municipios pasarán a ser "organismos ambientales" en materia de planeamiento urbanístico, dado que evaluarán medioambientalmente sus propios planteamientos, como proyectos urbanísticos de desarrollo, planes especiales, planes parciales o proyectos especiales, función que antes tenía la comunidad autónoma.

A los municipios con menos de 20.000 habitantes que no puedan asumir esas evaluaciones por cuestiones técnicas, la comunidad autónoma les ofrecerá ayuda a través de convenios.

Otra novedad esencial es que todas las instalaciones y proyectos que ya dispongan de evaluación ambiental podrán hacer ampliaciones "no sustanciales" que deberán autorizarse en un plazo máximo de 30 días.

Estos cambios no requerirán de una nueva evaluación siempre que la ampliación no implique un aumento de más del 30 por ciento en el uso de materias primas, la generación de residuos, las emisiones contaminantes o los vertidos, y cuando no afecten al patrimonio o a espacios de la Red Natura 2000.

Luengo ha detallado que la ley actual prevé ese tipo de ampliaciones sin nueva evaluación ambiental con cambios de hasta el 15 por ciento en esos parámetros y ha recalcado que solo dos comunidades autónomas además de Murcia cuentan con una regulación de este tipo.

Además, ha incidido en que los proyectos ya debían contar con una evaluación previa para hacer esas modificaciones sin nuevos requisitos, por lo que la protección al entorno sigue estando garantizada.

El decreto aporta también como novedad la posibilidad de que los nuevos proyectos reciban el informe de viabilidad ambiental en su primera fase de evaluación, en un periodo máximo de tres meses, "corrigiendo así una de las principales debilidades" de la ley actual, ha apuntado Luengo.

De esa manera, el nuevo decreto, que deberá convalidarse en la Asamblea Regional en el plazo de un mes, permitirá una importante reducción en los plazos de los procedimientos ambientales, algo que el consejero ha considerado esencial para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y de reactivación.

Además, permite rebajar plazos y llevar a cabo trámites de manera simultánea, unificando la documentación necesaria para cada trámite y evitando duplicidades, al tiempo que regula los procesos de consultas y establece plazos de comunicación entre las administraciones.

Como ejemplo, ha explicado que actualmente, cuando se solicita una evaluación ambiental para un proyecto al ayuntamiento, este no tiene plazo establecido para trasladar la documentación a la comunidad autónoma, mientras que con el nuevo decreto deberá hacerlo en un máximo de un mes, lo que dotará de una mayor agilidad al proceso.

La consejería ha puesto en marcha también una plataforma online para compartir documentación entre las administraciones de manera segura y que los interesados puedan conocer en tiempo real y de forma directa en qué punto se encuentran sus expedientes ambientales.

 

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