El Pleno da luz verde a los remanentes

Aranda de Duero

La corporación municipal arandina aprobaba esta mañana la distribución de los remanentes de Tesorería que darán liquidez al Consistorio para determinadas inversiones y, sobre todo, para poner en marcha una parte del paquete de medidas anti-crisis.

De los cuatro millones de euros que suman en total los remanentes, queda en reserva una partida de 852.000 hasta ir viendo cómo evoluciona la situación económica en general, en previsión de que haya que disponer de ella más avanzado el año para nuevas ayudas familiares o empresariales. Del resto, algo más de la tercera parte se invertirá en cuestiones como arreglo de aceras o mejoras en lugares de esparcimiento, como el Parque General Gutiérrez o el monte de La Calabaza. El portavoz del equipo de gobierno explicaba que, además de las ayudas, para salir de esta crisis es necesario que la administración local siga promoviendo la obra pública. “Hemos entendido que las empresas y los autónomos, además de ayudarle a quien tenga una bajada, lo que quieren es trabajar y la Administración no se puede parar y por eso el 37% de la totalidad de los remanentes van a ir a inversiones que son trabajos o servicios que se van a realizar para el Ayuntamiento” razona Emilio Berzosa, que considera que las inversiones en zonas verdes son más necesarias que nunca por las circunstancias actuales, que invitan a disfrutar del tiempo libre en espacios abiertos donde las distancias interpersonales es más fácil mantenerlas.

En esta sesión plenaria, donde se ha echado en falta a la ex portavoz del grupo socialista, Mar Alcalde, su compañero de grupo, el independiente Sergio Ortega, junto con IU, eran las únicas abstenciones en el bloque de los remanentes referido a las ayudas económicas y votaban en contra del apartado de las inversiones. Ha habido unanimidad, en cambio, en un tercer capítulo destinado a liquidar las deudas pendientes con algunas empresas por servicios prestados al Ayuntamiento. “Nosotros nos hemos abstenido en cuanto a las medidas sociales, porque compartimos el fondo de que hay que ayudar pero no compartimos las formas en las que se ha hecho; hemos votado en contra de la propuesta de inversiones, porque entendemos que no es momento de que muchas propuestas se lleven a cabo ni las formas en las que se va a hacer y hemos votado a favor del último capítulo de los remanentes de reconocimiento extrajudicial de créditos de trabajos al Ayuntamiento y que, como no puede ser de otra manera, hay que pagar a las empresas”, justifica Jonathan Gete, concejal de IU.

En esta sesión plenaria se daba luz verde también a la ordenanza transitoria de veladores con la que se pretende compensar a la hostelería del perjuicio económico que supondrá tener que reducir el aforo al 50% cuando tengan autorización para reabrir los bares. Entre otras cosas, esta normativa, que se mantendrá en vigor mientras se prolonguen estas medidas restrictivas para minimizar el riesgo de contagios de Covid-19, permitirá ampliar el número de mesas al aire libre en aquellos lugares donde el espacio público sea lo suficientemente amplio para permitir el paso de los viandantes.

Igualmente, se aprobaba la adjudicación de la limpieza de edificios y dependencias municipales. El contrato con la actual adjudicataria está a punto de vencer y era necesario adjudicar definitivamente el servicio a la empresa que se encargará de ello en la próxima etapa. En este punto, IU votaba en contra y Podemos se abstenía, en ambos casos poniendo de manifiesto su oposición a la privatización de servicios públicos.

El último punto del orden del día era un recurso de reposición interpuesto por UGT, CCOO y ASEMAR contra el acuerdo de la creación del Consejo Asesor, un órgano que ha surgido para dar participación al sector empresarial y a los sindicatos mayoritarios en las medidas que se vayan articulando para acelerar la recuperación económica del municipio y del que forman parte también la Unión Sindical Obrera y la Asociación de Comerciantes de Santa Catalina. El portavoz del grupo Popular explicaba que el recurso se fundamenta en la idea de que esa participación en las decisiones económicas debe articularse a través de la Mesa de Diálogo Social, creada en 2013, pero los informes jurídicos respaldan la validez para este fin del Consejo Asesor, por lo que se ha decidido desestimar el recurso. “Se creó el Consejo Asesor para darle cabida a UGT, CCOO y ASEMAR, pero además también se quiso incluir a otro sindicato como era USO, que participó también en las primeras reuniones y la asociación de comerciantes de Santa Catalina, que entendemos que también tienen algo que decir en cuanto al comercio en su barrio en relación con las medidas que se vayan a tomar, pero ellos entendían que lo que querían decir no era esto sino que se hiciera a través de la Mesa de Diálogo Social que se creó en el año 2013, dónde solo están ASEMAR, CCOO y UGT”, explica Emilio Berzosa, que añade que ha prevalecido el criterio de los juristas.