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Coronavirus Covid-19

El Govern movilizará más de 550 millones de euros para paliar la crisis del coronavirus en las Pitiusas

El decreto prevé impulsar la creación de casi 5.000 puestos de trabajo en Ibiza y Formentera

La presidenta Armengol durante la presentación de las medidas incluidas en el decreto

La presidenta Armengol durante la presentación de las medidas incluidas en el decreto / CAIB

La presidenta Armengol durante la presentación de las medidas incluidas en el decreto

Ibiza

El Govern ha aprobado un decreto de agilización y simplificación administrativa que pretende insuflar aire a los sectores de la construcción y el turismo. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, tendrá un impacto en la comunidad de más de 3.500 millones de euros en 2 años, un 7,5% del PIB balear y permitirá movilizar hasta 31.000 puestos de trabajo a tiempo completo, un 5,9% del mercado laboral del archipiélago.

La previsión es que se movilicen en Ibiza 528 millones de euros y 4.663 puestos de trabajo. En el caso de Formentera, la repercusión se cifra en 28,16 millones de euros y 250 empleos.

El documento prevé, entre otras muchas medidas, ofrecer incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos. La letra pequeña que alarma a los ecologistas: los hoteles podrán incrementar la superficie hasta un 15%, aunque sin incremento de plazas. La administración turística tendrá tres meses de plazo para emitir un informe al respecto.

Los proyectos podrán contemplar la reordenación o la reubicación de los volúmenes existentes, el aprovechamiento del subsuelo para usos habitables o la redistribución de las plazas autorizadas.

Otra de las medidas afecta al sector del ladrillo. Durante todo este año las obras de edificación, modificación, reparación y derribos estarán exentos de las limitaciones temporales estivales.

En este decreto ratificado por PSOE, Més y Unidas Podemos recoge también la utilización de las declaraciones responsables para poder iniciar determinadas obras e instalaciones en suelos urbanos. Las obras se tendrán que iniciar en un término máximo de cuatro meses desde la presentación de esta declaración.

También se recoge la creación de una prestación económica extraordinaria para compensar los gastos de atenciones en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores de personas dependientes a las que se les ha suspendido el servicio de los centros de día durante el periodo de estado de alarma.

Otro punto hace referencia a que la recaudación de la ecotasa se pueda destinar a actuaciones e inversiones para paliar los efectos del COVID-19.

 

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