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Los madrileños afectados por la crisis del COVID-19 pueden pedir desde hoy las ayudas al alquiler

Pueden llegar a los 900 euros al mes durante seis meses. El gobierno de Ayuso considera los fondos "insuficientes", a pesar de que su departamento ha decidido no aportar ni un euro al programa

David Pérez, alcalde de Alcorcón, junto a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / SER Madrid Oeste

Madrid

Pueden solicitar la subvención, desde hoy y hasta finales de septiembre, quienes se hayan quedado en paro o estén afectados por un ERTE; los que hayan reducido su jornada para cuidar de un tercero; o, en el caso de trabajadores por cuenta propia, aquellos que hayan visto mermados sustancialmente sus ingresos. Existen dos limitaciones básicas para pedirla: un umbral de renta familiar máximo y que el alquiler suponga una carga excesiva en comparación con los ingresos disponibles.

Esto supone restringir el acceso a las ayudas a aquellos que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), fijado en 537,84 euros en 2020 Es decir, los ingresos del hogar no pueden superar los 1.613,52 euros al mes. Una cantidad que se puede ver corregida al alza en el caso de tener hijos al cargo, cuando el solicitante forma un hogar monoparental, en el caso de que haya mayores de 65 años en la unidad familiar o si algún miembro tiene una discapacidad reconocida. Eso en cuanto a los ingresos; en el caso de los gastos, el solicitante debe acreditar que el alquiler -y los suministros básicos del hogar- superan el 35 por ciento de la renta mensual disponible de todas las personas que viven en la casa.

Las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, que es como se llaman, se nutre de un fondo estatal de 100 millones de euros -a repartir entre todas las Comunidades Autónomas-, que ha creado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se ha concebido como una línea adicional de ayudas del Plan Estatal de Vivienda, un programa plurianual, que cofinancian el gobierno central y los autonómicos -el Ministerio pone el grueso del dinero, aunque no todo, y en las consejerías recae el coste de la tramitación y gestión de las subvenciones-. A la Comunidad de Madrid le corresponden 15,9 millones de euros. No es un secreto que a los gobiernos de Ayuso y de Sánchez les cuesta entenderse. De hecho cualquier excusa es buena para meter el dedo en ojo ajeno, aún a riesgo de que sus protagonistas queden en evidencia.

Es lo que le ha ocurrido al consejero de Vivienda -el popular David Pérez-, que ayer afeó al ministro, -el socialista José Luis Ábalos-, que con ese dinero “solo podrá dar 3.000 ayudas”. El dirigente conservador cree que las necesidades reales en Madrid se colocan en torno a las “60.000 subvenciones”. En unas declaraciones remitidas por su equipo de comunicación Pérez tachaba los fondos de “insuficientes”, obviando que el Plan Estatal de Vivienda se puede nutrir, de acuerdo a un baremo pactado por Estado y Comunidades, con fondos de ambas partes. El gobierno central pone esos 15,9 millones de euros pero el regional ha decidido poner cero, según reconocen fuentes de la Consejería de Vivienda. Consideran que el Ministerio ha tratado de arrastrarlos a una estrategia en esta materia que no es la suya: “Nuestra apuesta por la vivienda es el Plan Vive”, insisten esas fuentes, en referencia al plan de colaboración público-privada -otro más- que quiere impulsar el Ejecutivo autonómico para tener construidas 15.000 viviendas de alquiler antes de que termine la legislatura. Un horizonte a demasiado largo plazo para los beneficiarios potenciales de estas ayudas.

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