El alcalde de Ponferrada asegura que no se ha vulnerado el derecho de información a Comisiones Obreras
Olegario Ramón insiste en que la alegación se presentó 'a última hora' por el desacuerdo con las decisiones sobre la municipalización del servicio de recaudación
Alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón / RB
Ponferrada
El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón considera que Comisiones Obreras ha utilizado un tono propio de confrontación política al referirse a las declaraciones que realizó e alcalde, Olegario Ramón sobre la presentación de la alegación por parte del sindicato.
En un comunicado, el alcalde asegura que sus palabras 'ni son fruto de la desinformación ni del desconocimiento, sino todo lo contrario' sino que responden . a 'la sorpresa y la preocupación que le causa la presentación de esas alegaciones' explica.
El regidor también entiende que presentar alegaciones el 11 de mayo después de que el presupuesto ha estado en exposición pública desde el 9 de marzo si permite hablar de última hora para la presentación de la reclamación. También insiste en que la presentación de esa alegación retrasa la aprobación definitiva de los presupuestos ya que hubieran entrado en vigor el 13 de mayo y ahora será necesario esperar a la aprobación por lo que, insiste, se demora el visto bueno a un documento económico que, reitera, resulta imprescindible en momentos como éste, en plena pandemia COVID-19.
En cuanto a las alegaciones, el alcalde asegura que 'es totalmente cierto que las principales alegaciones de fondo tienen que ver con el proceso de municipalización del Servicio de Recaudación, haciendo diferentes consideraciones respecto a ese proceso' y niega que el equipo de gobierno esté vulnerando los derechos de información y consulta del sindicato. 'Prueba evidente de ello es que, aun cuando la incorporación efectiva del personal de la empresa recaudadora al Ayuntamiento de Ponferrada será objeto de negociación en la mesa correspondiente, ya en dos ocasiones se ha informado a las centrales sindicales de este proceso' apunta.
Según la nota, Comisiones Oberas emitió un comunicado el pasado 12 de marzo, dos días antes del decreto del estado de alarma en la que se aseguraba que “queremos informaros que a partir de hoy mismo estudiaremos con el mayor detalle todos los decretos que se dicten en materia de personal y, obviando nombres y apellidos, estudiaremos si se ajustan a las normas o por el contrario deben ser impugnados”. Desde el equipo de gobierno apoyan este control y esperan que se haya antes del 12 de marzo de 2020 ya que esa fiscalización evita arbitrariedades, clientelismos, acceso a la función pública de familiares y amigos, ascensos vertiginosos injustificados y otro tipo de tropelías, explican.
