El hambre del COVID-19 se ceba con la población migrante

Son migrantes, en situación irregular, no tienen ningún tipo de ingreso, y la COVID-19 les ha puesto al límite. No son casos excepcionales, porque este patrón lo comparten ahora mismo casi 500 familias en Las Palmas de Gran Canaria que han tenido que recurrir a las ONG para poder subsistir estos días de confinamiento dado que su inexistente relación con la administración les impide acceder a los sistemas públicos de ayuda.

Desde la Federación Países, que congrega a 35 asociaciones de inmigrantes y refugiados, llevan estos dos meses de Estado de Alarma intentando intermediar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo e incluso la Delegación del Gobierno con el fin de conseguir para estas familias una atención institucional en forma "de alimentos". Así lo asegura su presidenta, Isabel Alfaro, quien apunta que en la primera semana de cuarentena para combatir la pandemia del coronavirus en nuestro país recibieron peticiones de ayuda de 215 familias. Dos meses después tienen en lista a casi 500. "En los primeros días de confinamiento nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento y el 15 de abril recibimos 5800 kilos de alimentos con los que pudimos cubrir las necesidades, pero ya no hemos vuelto a saber nada y ha pasado más de un mes", señala.

Aunque Alfaro reconoce que estos días de aislamiento la burocracia es mucho más lenta, denuncia que percibe cierta desconfianza en la Administración a la hora de responder a sus peticiones. "Parece que tienen dudas de que lo que les solicitamos sea cierto, de que los datos que les aportamos sean reales y les hemos hecho llegar hasta el número de pasaporte de quienes están en esta situación tan extrema", insiste.

Las puertas de las instituciones locales e insulares no son las únicas que han tocado. También las de Cáritas y Cruz Roja, ONGs que en estos días de pandemia igualmente están al límite de solicitudes de ayuda. En el caso de Cáritas, sí que obtuvieron 30 tarjetas de 50 euros para el supermercado que ya repartieron.

Senegal, Honduras, Colombia, Bolivia... Son solo algunas de las nacionalidades de estas personas que en estos dos últimos meses han intentado sin éxito que les atendieran en "el 010 del Ayuntamiento o en el 012 del Gobierno de Canarias". Lo cuenta Óscar Donda, un argentino, padre de familia con tres niños de cinco, siete y nueve años y que sobrevivía hasta que apareció el coronavirus "haciendo trabajitos de pintura o de fontanería". Su mujer también ayudaba en casa con su trabajo como limpiadora de hogar, pero después de que se ordenara el confinamiento "se acabó el dinero", asevera en La Ventana de Canarias.

Óscar llegó a Gran Canaria hace dos años huyendo de la "inseguridad de su país". Cuenta que está contento en las Islas, pero que la situación en la que está es realmente extrema. Se le han acabado los ingresos, pero lo que no cesa son las facturas y el pago del alquiler. "No es que no quiera pagar, es que no puedo. He intentado hablar con el dueño de la casa, pero él también tiene que pagar la hipoteca de la vivienda", reconoce.

La Federación Países les hizo llegar un lote de alimentos al principio del confinamiento, pero de eso ya no hay ni rastro. "Pido algo para mis hijos porque puedo tirar con algo de arroz y fideos, pero eso también se termina", lamenta este joven que tiene como principal problema para regularizar su situación administrativa que aún no ha cumplido "los tres años de permanencia en el país para que alguien le contrate y después obtener la residencia".

Manitas como Óscar, limpiadoras del hogar como su mujer, agricultores o vendedores ambulantes. Estos son los principales perfiles de una población inmigrante que ya antes del COVID-19 estaba sujeta a la precariedad, a un mayor desempleo, y que estos días la Federación Países está tratando de ayudar y de hacer que no se les olvide. Por eso, ahora que nuestros países vecinos -Portugal e Italia- han regularizado de forma excepcional a miles de migrantes sin papeles en plena pandemia, Alfaro pide que España se sume a una medida que ayudará a incorporar a estas personas al sistema en medio de una emergencia social y económica sin precedentes.