La Policía, investigada por desalojar una misa en San Fernando de Henares

San Fernando de Henares

Ocurrió el pasado 13 de abril, hace ya más de un mes, durante el pico de la pandemia del covid-19 en España. En la iglesia de San Juan y San Pablo de San Fernando de Henares, un grupo de personas sin material de protección individual celebraba una misa en el interior. La Policía Nacional, al ser informada de estos hechos, accedió al templo y desalojó a los asistentes sin imponer ninguna sanción. Ahora, un juez de Coslada ha iniciado diligencias previas por un posible delito contra los sentimientos religiosos.

Aquel día, cinco personas asistían a la ceremonia católica, además del sacerdote, sin mascarillas ni guantes. Según informa Europa Press, la Policía Nacional consideró en aquel momento que era mejor que terminase la actividad para preservar la salud pública. Algo que no comparte la Asociación Española de Abogados Cristianos, que interpuso denuncia contra el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de "interrupción de culto" recogido en el artículo 523 del Código Penal al considerar que "los policías que llevaron a cabo dicha operación actuaron cumpliendo sus instrucciones".

En el auto, el magistrado señala que el relato de los hechos "hace presumir la posible existencia de una infracción penal", e insta a la Policía Nacional a que informe de la intervención llevada a cabo aquel día en San Fernando de Henares.

Desde la Asociación Española de Abogados Cristianos defienden que el Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma dice, textualmente, en su artículo 11 que "La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro", y asegura que en el detalle de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, sostiene que "estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante el estado de alarma son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista".

Contra esta resolución, cabe la interposición de un recurso de reforma.