Sociedad

El Gobierno tramita 27.000 solicitudes del Ingreso Canario de Emergencia

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado Decreto Ley de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad entre las críticas y propuestas de la oposición

Pleno del Parlamento de Canarias / PARLAMENTO DE CANARIAS

Tenerife

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo ya ha tramitado más de 27.000 solicitudes del Ingreso Canario de Emergencia (ICE), si bien la oposición le ha reprochado que aún no se haya abonado.

En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento ha indicado que esta herramienta --que llegará a 38.000 familias con un pago único de entre 367 y 478 euros-- será un "ingreso puente" mientras llegue el ingreso estatal y ayudará a las familias desfavorecidas. Eso sí, ante los cuestionamientos y peticiones de la diputada nacionalista Cristina Valido, Santana no descarta ampliar el alcance del ICE.

Santana ha lamentado las "largas esperas" del 012 para tramitar la ayuda pero se hizo para mantener el confinamiento, y sostiene que este ingreso va dirigido a las personas que no cumplen los requerimientos de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). "¿Las dejamos atrás?", se ha preguntado.

La consejera ha defendido "con orgullo" el "escudo social" puesto en marcha por el Gobierno estatal complementado por el Ejecutivo regional a diferencia de lo que ocurrió en 2008 cuando "se abarató el despido y se regaló el dinero a los bancos".

En esa línea, ha detallado el reparto de alimentos para las 13.000 familias de 'cuota cero' y ha apoyado la propuesta de CC de incrementar las familias beneficiarias, que se haya exonerado el pago del alquiler en viviendas públicas o la "seguridad" que se ha alcanzado en los centros de mayores, con "testeo" de usuarios y trabajadores y pocas víctimas con respecto a otras comunidades. "Es motivo para estudiar", ha comentado satisfecha.

La portavoz de Cs, Vidina Espino, sin embargo, ha asegurado que Santana va camino de "ser la peor" consejera de Derechos Sociales de la historia pues no traído "cambios" a la gestión y "nada" ha cambiado tras un año de gobierno. "Seguimos a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo. Ustedes no han cambiado nada, solo ha cambiado que ahora tienen coches oficiales, despechos y son los que se suben los salarios", ha sentenciado. 

En su opinión, Canarias "ha empeorado" pese a que Podemos está dentro del Ejecutivo, una formación que se ha convertido en el "peor enemigo" del turismo, principal sector de la economía de las islas.

Con el cierre del turismo ha ironizado con que estarán "contentos" y ahora se abre un ciclo de "pobreza severa" en las islas, y acusado a Santana de "hacer un corta y pega" del programa de trabajo de la exconsejera Cristina Valido.

Ha dicho que el ingreso mínimo aún no se ha pagado y se pregunta si no es mejor fortalecer la PCI con pagos estables y más duraderos en el tiempo. "Ha estado este tiempo desaparecida", ha espetado a la consejera.

Por su parte, el Partido Popular ha hecho una oposición que la propia consejera ha calificado como "crítica, dura pero constructiva". Su diputado, Hipólito Suárez, ha tendido la mano a Santana, pero no ha dejado de cuestionar la gestión de Santana: "La puesta en marcha de algunas medidas recogidas en la Ley de Servicios Sociales sigue sin ejecutarse. ¿Qué ha pasado con el catálogo de servicios y prestaciones? ¿Dónde está el plan de inclusión social y contra la pobreza? ¿Dónde está la comisión de asesoramiento y supervisión en el ámbito social y judicial? ¿A qué esperamos para crear el Observatorio Canario de los Servicios Sociales?". 

Pese a sus críticas, los grupos de la oposición han votado 'sí' al Decreto Ley de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, lo que permitirá que se tramite como proyecto de ley por vía de urgencia. 

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado la puesta en marcha del ingreso mínimo de emergencia, la exención del alquiler en viviendas sociales o el reparto de alimentos entre familias de 'cuota cero'.

Ha apuntado que "la pobreza no entiende de edades" por lo que reclama recursos adicionales y políticas específicas para menores, lo mismo que acciones para jóvenes contra el paro juvenil.

 
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