ENRESA cifra el coste de desmantelar Garoña en 468 millones durante 12 años

Burgos

ENRESA ha presentado hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la documentación para solicitar la autorización de transferencia de titularidad y de la primera fase de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. El Ministerio, una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear, y previos los dictámenes e informes que correspondan, incluida la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), adoptará la oportuna resolución. Según las previsiones de Enresa dicha autorización podría ser efectiva en 2022, momento a partir del cual comenzaría la ejecución material de la primera fase del desmantelamiento.

En esta fase, con una duración prevista de 3 años.La ejecución de la segunda fase del desmantelamiento requerirá también de la autorización por parte del MITECO, previo informe favorable del CSN. Para esta segunda fase, cuyo inicio se prevé en 2025, se estima una duración de 7 años, y en ella se llevará a cabo el desmantelamiento del reactor, así como del resto de edificios con implicaciones radiológicas, El coste total estimado para las actividades contempladas en todas las fases mencionadas es de unos 468 millones de euros, que procederán del Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que gestiona Enresa y que se nutre de la prestación que satisfacen los titulares de las centrales nucleares en explotación.

La empresa pública Enresa colaborará en la dinamización del entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña, según la propuesta que ha incluido en el ‘Plan de desmantelamiento’ que ha presentado hoy, han informado la diputada socialista Esther Peña y el senador Ánder Gil. La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, destaca la “sensibilidad” del Gobierno que preside Pedro Sánchez con la dinamización del área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, al incluir Enresa en la solicitud de desmantelamiento de la planta el compromiso de propiciar la dinamización en su entorno.

Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, recalca que la empresa pública “facilitará la actividad económica y la creación de empleo en la zona”, en colaboración con los ayuntamientos y los agentes sociales y económicos de la provincia y la Comunidad, con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público y respeto a los principios de transparencia y no discriminación. En su opinión, este anuncio “cobra especial relevancia para el entorno de la central, que cesó su actividad en agosto de 2017, ante la situación de dificultad que se avecina, también para el medio rural, por la crisis de la Covid-19”. Señala la importancia de esta medida para las comarcas de las Merindades, la Bureba y Miranda de Ebro, tras el “frenazo” que supuso para su desarrollo la suspensión por parte del Gobierno de Rajoy del Plan Garoña.