Jueves, 04 de Junio de 2020

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La falta de diálogo, la mayor crítica de Canarias a la derogación de la reforma laboral

La patronal acusa al Gobierno central de "irresponsable", mientras que los sindicatos exigen la derogación íntegra

Actividad en Puerto de la Cruz

Actividad en Puerto de la Cruz / Miguel Barreto (EFE)

El anuncio de la derogación de la reforma laboral de 2012, con matices y entremeses todavía por descifrar, ha sido recibido en Canarias con sorpresa. Por un lado, los sindicatos aplauden el acuerdo aunque lo condicionan al diálogo social, mientras que para la patronal se trata de una medida cercana a la catástrofe. 

"No se puede tener fe humana con determinados colectivos en estos momentos (los políticos". Así de rotundo se ha expresado el secretario general de la CEOE Tenerife, Eduardo Bezares, en los micrófonos de la SER. Además, ha asegurado que el Gobierno central está "echando por tierra los esfuerzos realizados por parte de las empresas con los ERTEs para hibernar las plantillas y salvaguardar millones de puestos". 

Para Bezares, la medida es "irresponsable y va a tener consecuencias negativas incalculables en la economía española". Además, apunta que va en contra de las recomendaciones de la propia Comisión Europea: "ayer pidió flexibilización de las condiciones laborales para poder llevar a cabo a medio plazo una recuperación del empleo". 

Más escéptico sobre el futuro de la norma se ha mostrado el presidente de la Asociación de Industriales de Canarias, Gonzalo Medina, que aunque reconoce que su primera impresión anoche fue de "preocupación", los pasos atrás del PSOE han dado margen de análisis para el sector. "Veremos en qué queda, porque es cuando terminen las medidas económicas que tienen que ver con el coronavirus. Tampoco es una fecha cierta", ha aseverado. 

En las antípodas de estos planteamientos se encuentran los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que refrendan, aunque de manera condicionada, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo del PSOE y Unidad Podemos y EH Bildu. En este sentido, Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de CCOO, exige a los dirigentes nacionales "que vuelvan al diálogo social y que den cumplimiento a los compromisos llevados a cabo también en la investidura, donde Sánchez aseguró que la derogación de la reforma laboral se realizaría, de las partes más lesivas a corto plazo, y la derogación total a largo plazo, pero siempre a través del diálogo social". 

En la misma línea se muestra el portavoz de UGT, Héctor Fajardo, que ha tachado de "pataleta" la postura de la patronal, al entender que el diálogo social se rompió precisamente en 2012. Asimismo, espera "que el PSOE, en la rectificación que ha hecho, de marcha atrás. Se tiene que derogar íntegramente la reforma laboral porque es la que ha provocado la precarización progresiva del empleo en este país, la devaluación de los salarios y ha contribuído a la destrucción de empleo". 

La hemeroteca

La hemeroteca habla por sí sola. Solo un año después de la aprobación de la reforma laboral, la entonces consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, la socialista Francisca Luengo, calificó la norma de "devastadora" para el Archipiélago. Así lo aseguró respondiendo a una pregunta de CC en el Parlamento de Canarias, donde citó que en 2012 se perdieron "en toda España más de 850.000 empleos" y se alcanzaron niveles de desempleo peores "que en la fase más crítica de la crisis del año 2009", afectando a 6 millones de personas. 

De acuerdo con este posicionamiento se mostró también la diputada nacionalista María del Mar Julios, que tildó la iniciativa de "fracaso" y auguró, en consecuencia con los organismos internacionales "más contracción de la economía, más paro, más pobreza y menos servicios públicos". 

Desde enero de 2012 hasta finales de 2013, según las series históricas del ISTAC, en las islas se destruyeron más de 7.200 empleos. También aumento entre estos periodos temporales el paro, en 1.000 personas, aunque la recuperación paulatina de la crisis permitió mejorar sobremanera estas cifras en años posteriores. 

La reforma laboral diseñada por Fátima Báñez supuso una revolución de las condiciones laborales. Aquí se describen cuatro de las premisas principales más criticadas:

  • Abaratamiento de los despidos. Por norma general, todos son procedentes, y demostrar lo contrario en los tribunales recae sobre los trabajadores. Además, el despido procedente tiene una indemnización de 20 días por año trabajado y el improcedente de 33. No es necesario, tampoco, para justificar un despido, que la empresa tenga pérdidas, sino que sus proyecciones futuras englobadas en nueve meses así lo reflejen.
  • Expedientes de Regulación de Empleo.  Los ERTEs y los EREs ya no necesitan la autorización previa de la Consejería de Empleo ni el Ministerio, sino la aprobación judicial, que puede obtenerse después de la ejecución de los expedientes. Así lo recoge la Ley: "Además, se han suprimido apartados de otros preceptos que se referían a la autorización administrativa que se exigía, hasta ahora, en las suspensiones contractuales y reducciones de jornada temporales, así como en los despidos colectivos". 
  • Más temporalidad y contratos de formación. El encadenamiento de contratos laborales se amplió hasta los dos años. Este es uno de los aspectos más criticados en los ocho años de vigencia de la reforma. A esto, hay que sumar que se eliminó el contrato de fomento del empleo, que fue sustituido por la encadenación de contratos de formación y aprendizaje, válidos hasta los 25. "Las empresas  (...) tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra", explica la norma. 
  • Cambios en las condiciones de trabajo. La empresa cuenta con potestad para rebajar los salarios, cambiar las jornadas o los turnos argumentando, solo, la afección económica. 
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