Sábado, 08 de Agosto de 2020

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LA CONSEJERA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN RADIO CÁDIZ

Marifrán Carazo dice que la nueva Ley de Urbanismo dará "seguridad jurídica" a El Puerto y Chiclana

El alcalde de El Puerto anuncia que el nuevo ordenamiento creará "una ciudad más compacta". El alcalde de Chiclana pedirá a la Junta Normas Sustantivas entre tanto se tramita el nuevo PGOU

La Consejera de  Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo.

La Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo. / Junta de Andalucía

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo (PP), ha asegurado a los ayuntamientos de El Puerto de Santa María y Chiclana que la nueva Ley de Urbanismo de Andalucía “dará seguridad jurídica“ a sus futuros planes de ordenación.

La responsable responde así la situación generada por sentencias del TSJA que, al apreciar supuestas irregularidades en aspectos concretos de los planeamientos de ambas ciudades, ha provocado la nulidad de la totalidad de los Planes Urbanísticos generando un alto grado de incertidumbre en el desarrollo y, por lo tanto, en inversores.

La nueva ley de Urbanismo, titulada ‘Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio’, pretende un cambio de modelo, de manera que el documento matriz establezca criterios estratégicos, aunque no tenga necesariamente que contener el detalle de cada rincón de la ciudad, que se podrán gestionar mediante planeamientos sectorizados, con sus propias fases de redacción, información pública y aprobación. De esta manera, de apreciarse un defecto, su nulidad afectaría exclusivamente a los terrenos cuestionados.

Al tiempo, la Consejera ha explicado en declaraciones a Radio Cádiz que la nueva Ley andaluza aligerará la tramitación de ambos planes, de manera que puedan entrar en vigor en un plazo de tiempo más breve que el necesario en el anterior modelo, establecido por la LOUA (Ley de Ordenación Urbana de Andalucía) de 2002.

La nueva ley del suelo de Andalucía ha finalizado ya su redacción y entrará el próximo uno de junio en fase de exposición pública antes continuar su tramitación parlamentaria.

Mientras, los dos ayuntamientos avanzan en sus estrategias para normalizar su situación urbanística. En el caso de El Puerto, el ayuntamiento ha activado un segundo recurso contra un nuevo fallo del TSJA que, por segunda vez, anula el Plan de Ordenación Urbana. En este caso, el tribunal Andaluz actúa en respuesta a una demanda presentada por la sociedad mercantil Ordoñez y Ortega S.L. Como en el primer caso, el recurso está pendiente de aceptación.

En paralelo, y en previsión de que los recursos no prosperen, el Ayuntamiento ha comenzado los trabajos para la redacción de un nuevo Plan de Ordenación Urbana. El alcalde de El Puerto, Germán Beardo (PP) ha explicado a Radio Cádiz que el nuevo PGOU corregirá el excesivo crecimiento de población estimado por el anterior y la dispersión de las áreas urbanas, para crear una ciudad “más compacta”.

Por su parte, Chiclana, tiene prevista una reunión telemática el jueves de esta semana con la Consejería de Ordenación del Territorio con el fin de coordinar los siguientes pasos, tanto en cuanto al recurso anunciado por el Ayuntamiento contra la sentencia de nulidad del TSJA, como en relación a la estrategia de desarrollo de un nuevo planeamiento.

El alcalde de Chiclana, José María Román (PSOE), ha explicado que los técnicos y el gobierno local debaten la conveniencia de un nuevo plan de Ordenación urbana, desarrollado desde cero, o la corrección del actual, subsanando las carencias detectadas. En cualquier caso, Román ha anunciado que, en la reunión del jueves, el ayuntamiento propondrá a la Junta la aprobación de un paquete de Normas Sustantivas, un ordenamiento urbanístico provisional, que respondan a las necesidades de la ciudad entretanto se redacta y aprueba el nuevo PGOU

Tanto en el caso de El Puerto, cuyo plan fue anulado en octubre de 2019, como en el caso de Chiclana, invalidado el pasado mes de marzo, el tribunal Andaluz aludió, entre otras carencias, a incumplimientos en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), una norma dictada por la UE y asumida por España que obliga a la integración de medidas de cautelas ambientales en los instrumentos de planeamiento urbanístico de las ciudades.

 

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