Lunes, 19 de Abril de 2021

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El decreto que permite a los ayuntamientos hacer evaluaciones ambientales se tramitará como proyecto de ley

Fachada de la Asamblea Regional

Fachada de la Asamblea Regional / Foto. Asamblea Regional

El decreto ley de Medio Ambiente, que permitirá a los ayuntamientos de la Región convertirse en órganos ambientales, se ha convalidado en la Asamblea Regional con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de VOX y se tramitará finalmente como proyecto de ley, una propuesta que ha partido de PSOE, Podemos, Ciudadanos y VOX y que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Según este decreto, durante el proceso de aprobación de sus planes urbanísticos, los ayuntamientos de la Región podrán realizar de manera simultánea su evaluación ambiental. El cambio no incidirá en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que ya tenían que llevar a cabo procesos de evaluación ambiental simplificada.

Sin embargo, el consejero de consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, sí que ha matizado que en el caso de los municipios de 20.000 habitantes, si no se tienen medios podrán firmar un convenio con la Comunidad Autónoma para que esta se encargue de la evaluación ambiental, con lo que no supondrá "coste alguno" para los consistorios.

"Como la experiencia ha sido positiva con los municipios de 50.000 habitantes decidimos dar ese paso para mejorar la eficacia en tramitaciones futuras", ha asegurado el consejero Antonio Luengo, que ha desmentido que la Comunidad se vaya a desentender de la tramitación ambiental.

Luengo ha asegurado que seguirán siendo preceptivos los informes de las direcciones generales de Medio Ambiente y Medio Natural "para garantizar que no hay perjuicio al medioambiente y porque damos a los municipios de 20.000 habitantes que en el caso de que no tengan medios para realizar las tareas, firmar un convenio con la Comunidad Autónoma para que realicemos la evaluación ambiental".

La nueva norma permitirá a los ayuntamientos "ganar en agilidad", ha expuesto Luengo, que ha manifestado que en dos meses han formado a los concejales y técnicos que los ayuntamientos han designado, lamentando que los ayuntamientos del PSOE

A su vez, la normativa permitirá a las empresas que ya tienen autorización ambiental no tener que solicitar una nueva si no superan el 30 % de generación de residuos, de emisiones a la atmósfera de vertidos y si no afectan al patrimonio o a la Red Natura 2000. De esta manera, se ampliaría el límite, anteriormente fijado en un 15 %. El consejero ha dicho que para ampliar ese límite se han basado en la legislación estatal, cuyos límites se fijan entre un 25 % y un 50 %. Luengo también ha matizado que este planteamiento se basará fundamentalmente en las pequeñas empresas.

Por otro lado, también se agilizan los plazos para que las empresas dispongan de una autorización ambiental. Según el decreto ley recibirán la autorización ambiental en un plazo máximo de 30 días y se dispondrá de un máximo de 3 meses para determinar si el plan de las empresas es inviable, "antes no existía eso y había empresas que podían pasarse meses esperando".

El decreto ley ha sido criticado principalmente por PSOE y Podemos. Ambos grupos han advertido que el Gobierno regional "utiliza de excusa el coronavirus para eliminar controles ambientales". El socialista Alfonso Martínez considera que se ha aprobado un decreto ley que "va en contra" de lo que exponen documentos sobre el cambio climático.

"Mientras otros gobiernos aprueban leyes para proteger el medioambiente, ustedes circulan por la autovía en sentido contrario". A su juicio, el permitir aumentar un 30 % la generación de vertidos y de emisiones a la atmósfera sin evaluación ambiental "se traducirá en un problema y se incrementará la contaminación".

La portavoz de Podemos, María Marín, ha llegado a pedir la dimisión del consejero. "Dimita y váyase, los favores que le hace a la CROEM los va a tener que pagar muy caro, más pronto que tarde tendrá que responder ante la justicia".

Por parte de VOX, su portavoz Juan José Liarte considera que la Región "necesita un marco normativo nuevo y una ley que sea limpia y clara", por lo que espera que "entre todos hagamos juntos una ley que funcione y que sea respetuosa con el medioambiente". Ellos se han abstenido en la convalidación del decreto ley porque, ha explicado, "determinados sectores necesitan del auxilio de medidas urgentes".

Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha apuntado que la normativa debería tramitarse como proyecto de ley "para que todos los grupos representados en la Asamblea tengan voz". El parlamentario también ha defendido "dar mayor protagonismo a la sociedad civil" en esta cuestión algo que se traduce, ha añadido, en dar "plena autonomía" a los ayuntamientos, y la existencia de "menos burocracia".

El diputado del PP, Juan Antonio Mata, el decreto ley "apuesta por agilizar las inversiones, generar empleo respetando y controlando al medioambiente". Según ha dicho, es "positivo" que los ayuntamientos puedan realizar la evaluación ambiental porque son los técnicos municipales los que "conocen en mayor profundidad el plan de ordenación urbana y las particularidades sociales y ambientales de su municipio".

PERSONAL EN GASOLINERAS

Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Regional ha convalidado el decreto ley que suprime la obligación de que exista personal atendiendo en las gasolineras, algo que se había aprobado en la Comunidad en el año 2015. La convalidación del decreto ley ha salido adelante con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de VOX.

La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, ha explicado que la decisión de suprimir esta obligación son "razones jurídicas". La Comisión Europea se ha puesto en contacto con el Gobierno nacional para manifestarle que con este tipo de normativas "se vulnera una directiva de 2006 relativa a los servicios del mercado interior".

Ballesteros ha dicho que la Comisión Europea expone que "no se puede prohibir un determinado de negocio y que falta justificación de la necesidad de la medida para la protección de los consumidores, de los discapacitados y de la seguridad". En ese sentido, se procede también "a una restricción de la libertad de establecimiento del modelo de estación de servicio automática que ha dado tan buenos resultados en otros países y que consigue precios más bajos para los consumidores".

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Manuel Sevilla considera que con la aprobación de este decreto se pone en riesgo el empleo de más de 1.500 empleados en la Región. "Van a hacer que proliferen las gasolineras fantasma y desatendidas y pondrían a los pies de los caballos a estos empleados", ha dicho añadiendo que también se dificultará que 117.000 personas con problemas de movilidad pudieran repostar sus vehículos.

Podemos se ha manifestado en el mismo sentido, su diputada María Marín, aunque ha dicho que si se incumple lo que solicita la Unión Europea "esto podría generar sanciones para el Estado".

El portavoz de VOX, Juan José Liarte considera que "quien arriesga todo lo que tiene para levantar un negocio no debería permitirse que el Estado viniera a decirle qué modelo de negocio tiene que poner". A su juicio, las gasolineras de autoservicio afectan a la creación de empleo y "bajan la calidad del servicio", no obstante, se han abstenido en la votación porque es una demanda de la Unión Europea.

Por parte de Ciudadanos, Valle Miguélez ha manifestado que ambos modelos de estación de servicio "deben coexistir" y considera que el consumidor podría beneficiarse de "precios más bajos y de tener una mayor oferta".

Finalmente, desde el PP, Mari Carmen Ruiz ha matizado que el incumplimiento de la disposición europea conllevaría la imposición de "altas sanciones" que podrían llegar a los 600.000 euros diarios.

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