El alto control de los casos sospechosos permitió a Canarias pasar de fase

Las Palmas de Gran Canaria

La sanidad de Canarias hacía pruebas de diagnóstico de covid-19 a la gran mayoría de los casos sospechosos que se le presentaban en las dos islas más castigadas por el coronavirus, al 82 % en Tenerife y al 100 % en La Palma, la semana previa a que el Ministerio autorizara a toda la comunidad autónoma a pasar a la fase 1 de desconfinamiento.

El Ministerio de Sanidad ha publicado los informes en los que se basó su autorización a las diferentes comunidades autónomas para que iniciasen la fase 1 de la desescalada, en la fecha en la que se consideró que cada territorio estaba preparado.

En el caso de Canarias, hay dos informes: uno del 3 de mayo, relativo a La Gomera, El Hierro y La Graciosa, las islas que estrenaron la fase 1 en España el lunes 4, y otro del 8 de mayo, referente a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuertentura y La Palma, que se sumaron a esa situación el lunes 11.

De las tres islas menos pobladas, Sanidad valoraba su bajo número casos (en La Graciosa, de hecho, no ha habido ninguno), la capacidad sanitaria disponible (con apoyo de Lanzarote, en el caso de la octava isla) y las posibilidades de ampliar camas aún más si fuera preciso, de acuerdo con los informes del Gobierno de Canarias.

"Estas tres islas ofrecen las mejores condiciones para iniciar esta transición más precozmente, no solo por presentar los mejores indicadores epidemiológicos, sino además por tener una población reducida, una baja movilidad y una escasa conectividad con el exterior", razonaba la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio.

Esta funcionaria recomendaba, eso sí, "seguir reforzando el diagnóstico de casos sospechosos y el manejo de casos y contactos".

En ese parámetro, el de los casos sospechosos, se puso uno de los focos una semana más tarde, cuando el Ministerio de Sanidad examinó si las cinco islas en las que viven 2,1 millones de canarios y en las que se concentraba la mayor parte de los 2.274 de covid-19 del archipiélago (en esa fecha) estaban preparadas para la fase 1.

El informe muestra que, del 29 de abril al 5 de mayo, el Gobierno de Canarias había acelerado aún más la realización de pruebas PCR a aquellas personas que presentaban síntomas compatibles con la covid-19 o de las que se sospechaba que pudieran haber tenido algún contacto con enfermos de coronavirus.

En especial, ese énfasis se puso en las dos islas más castigadas proporcionalmente por el coronavirus: Tenerife, con 160 contagios acumulados por 100.000 personas, y La Palma, con casi 115.

En esos siete días previos a que las grandes islas se sumaran a la fase 1, la sanidad canaria hizo el test PCR al 100 % de los pacientes sospechosos en La Palma, sin detectar nuevos contagios, y al 82 % en Tenerife. En esta última isla, una de cada diez sospechas se transformó en positivo en esas fechas (29 abril-5 mayo).

En Gran Canaria, pasaron por un test PCR en esos siete días el 54 % de los casos sospechosos (con un 4 % de positivos); mientras que en Lanzarote lo hicieron el 42 % y, en Fuerteventura, el 41 %, sin que se detectara contagio alguno esas dos últimas islas.

En cuanto a la capacidad sanitaria, Canarias acreditó que las dos islas capitalinas tenían disponibles el 37 % de sus camas hospitalarias para agudos, y eso contando todo tipo de patologías, porque los pacientes con covid-19 solo ocupaban el 4 % de las plazas hospitalarias de Tenerife y el 0,8 % de las de Gran Canaria.

Las camas disponibles en Lanzarote eran el 60 % de las existentes; las de Fuerteventura, el 32 %; y las de La Palma, el 49 %.

El Ministerio también examinó cuántas camas de hospitalización podría llegar a movilizar Canarias si fuese necesario, con este resultado: 8.723; o lo que es lo mismo, un 65 % adicional a lo ya existente en esas cinco islas, 5.257 camas.

Tenerife estaba preparada para pasar de 2.342 camas a 3.608; Gran Canaria, de 2.225 a 3.631; Lanzarote, de 317 a 643; Fuerteventura, de 99 a 497; y La Palma, de 184 a 344. Es decir, cada una de las cinco islas, estaba en condiciones de garantizar 40 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes.

El Ministerio valoró además otros factores adicionales, como el control sanitario establecido a quienes llegan a los puertos y aeropuertos desde fuera del archipiélago y los test PCR realizados a todos los usuarios y trabajadores de las residencias de mayores, ya fueran públicas o privadas.