Viernes, 10 de Julio de 2020

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Es muy grave

La Firma de Guillermo Granja

Hay noticias que no se debieran producir nunca o que, cuando salen a la luz, deberían suponer que alguien asumiera sus responsabilidades y dimitiera. Lo que digo viene a cuenta de lo que ha ocurrido en Castilla y León con las residencias de ancianos en relación a la pandemia del covid-19, que ha sido, a mi entender, muy grave.

Hace pocos días hemos conocido, gracias a un medio de comunicación, cuál ha sido la gestión llevada a cabo por la Junta de Castilla y León con este sector tan vulnerable. Como mínimo, la podríamos calificar de lamentable y sólo espero que el Ministerio Fiscal, que está en pleno proceso de apertura de diligencias en relación con las residencias de mayores, tome buena cuenta y depure las responsabilidades correspondientes.

En el tiempo que llevamos de crisis sanitaria, en las residencias de carácter social de Castilla y León han muerto 1.454 personas confirmadas con pruebas. A este dato hay que sumar que otras 1.101 que han fallecido con síntomas compatibles, lo que supone que un 56% del total de decesos ocurridos en nuestras residencias lo han sido por causas relacionadas con la epidemia. Es más, según estas cifras, más del 73% de los muertos totales confirmados con coronavirus de Castilla y León vivían en una residencia de ancianos, pública o privada. Para que se entienda mejor, tres de cada cuatro fallecidos pertenecía a una residencia de carácter social.

Estos datos hacen más intolerables los escritos de fechas 23 y 26 de marzo, de la Gerencia Regional de Salud y de la Gerencia de Servicios Sociales y, otro de la Comisión de Bioética de Castilla y León fechado también el 23 de marzo, en los que se propone como actuación principal que no se deriven pacientes a los hospitales y, además, se fija la esperanza de vida como un factor principal para aplicar la supuesta “justicia distributiva” de los escasos recursos.

Es más, en esos escritos se les obliga a las residencias de mayores a atender a sus enfermos como si fuesen centros sanitarios, algo que la normativa sobre estos establecimientos no contempla y, por supuesto, no cuentan ni han contado con los medios adecuados para abordar problemas graves de salud y menos de esta índole.

Esto es consecuencia de la falta de previsión de nuestro gobierno regional en este tema. Unos pocos datos lo demuestran, el 17 de marzo, tres días después de decretarse el estado de alarma, Castilla y León contaba en sus reservas con 296 equipos de protección individual, de 244 pantallas protectoras, de 1.114 mandiles, de 2.438 buzos, de 1.284 soluciones hidroalcohólicas y poco más de 11.000 mascarillas FPP2 y FPP3, para los más de 30.000 personas que trabajan en la sanidad pública regional.

Con estos mimbres ¿cómo pretendían que las residencias de ancianos pudiesen afrontar una grave crisis como ésta? Creo que por justicia social con nuestros mayores más de una persona debería ser cesada en sus responsabilidades de gobierno.

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