Inmaculada Jiménez: "Si tengo que actuar a golpe de policía, lo haré"

Condena enérgica de la alcaldesa de Tomelloso al macrobotellón que de forma espontánea se celebró en la madrugada del sábado al que se sumaron, según fuentes policiales, de 500 a 700 jóvenes junto al recinto ferial, la zona habitual de copas de la localidad manchega. Encuentro de ocio masivo que ha calificado como un acto de irresponsabilidad advirtiendo que en el estado de alarma que nos encontramos está totalmente prohibida la concentración de personas.

Inmaculada Jimenez no ha ocultado su indignación por los hechos, teniendo en cuenta la virulencia con que ha sufrido el municipio los efectos del coronavirus donde se detectó uno de los primeros focos de la región.

En la Cadena SER ha anunciado que este lunes ha convocado una reunión urgente con Policia local y Guardia Civil para analizar lo ocurrido y adoptar las medidas que sean oportunas, lamentando que con este comportamiento se haya puesto en riesgo la salud de las personas. La representante municipal ha sido contundente y da un aviso a navegantes aludiendo a la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Subdelegación del Gobierno ha recabado los informes correspondientes sobre este macrobotellón para analizar lo ocurrido, concentración en la que algunos de los presentes no guardaron las distancias ni portaban mascarillas.

Jiménez ha asegurado que fue de las primeras localidades de la región que cerraron las instalaciones municipales, que también han suspendido las fiestas con mucho dolor y que serán los últimos en reactivar actividades como la del mercadillo, para salvaguardar la vida de la ciudadanía. Una vez más apelaba a la conciencia ciudadana.

AUDIO| Escucha la declaración de la alcaldesa de Tomelloso en SER Ciudad Real condenando los hechos con evidente gesto de enfado:

Recordemos que el primer foco de coronavirus que se detectó en la provincia fue en Tomelloso, en el seno de una familia que asistió a un entierro en Haro, que no respetó la cuarentena, como desveló en su día el gobierno regional. La Junta se tuvo que hacer cargo de la gestión de la residencia privada Elder que registró casi medio centenar de fallecimientos y sobre la que pesa una investigación judicial.