Miércoles, 21 de Abril de 2021

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El Diálogo Social pide prolongar los ERTE hasta final de año y la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Junta, sindicatos y patronal piden al Gobierno el traspaso de la competencia del IMV, tal y como se va a hacer con Navarra y el País Vasco

UGT y Comisiones Obreras piden a la Junta de Castilla y León que estudie cómo complementar la Renta Garantizada de Ciudadanía de la comunidad con el IMV para no perder 70 millones de euros

Reunión del Diálogo Social de Castilla y León. En la imagen el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Santiago Aparicio (CECALE), Vicente Andrés (CCOO), Faustino Temprano (UGT), Carlota Amigo (consejera de Empleo e Industria), Carlos Fernández Carriedo (consejero de Economía y Hacienda) y David Martín (viceconsejero de Empleo)

Reunión del Diálogo Social de Castilla y León. En la imagen el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Santiago Aparicio (CECALE), Vicente Andrés (CCOO), Faustino Temprano (UGT), Carlota Amigo (consejera de Empleo e Industria), Carlos Fernández Carriedo (consejero de Economía y Hacienda) y David Martín (viceconsejero de Empleo) / ICAL

La Junta de Castilla y León, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y la patronal de los empresarios, CECALE, han coincidido en la necesidad de que el Gobierno de España desvincule los ERTEs por fuerza mayor del decreto de estado de alarma para así poder prolongarlos hasta finales de 2020. Postura manifestada en la reunión del Consejo del Diálogo Social celebrada este miércoles.

El encuentro, presidido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha contado con la participación de la nueva consejera de Empleo, Carlota Amigo. Además, el Diálogo Social comparte la idea manifestada por Mañueco de solicitar al Gobierno el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), competencia que va a recibir tanto Navarra como el País Vasco.

En este sentido, UGT y Comisiones Obreras piden a la Junta estudiar "con urgencia" como complementar este IMV con la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León para no perder unos 70 millones de euros al año. Ambos sindicatos también han pedido un plan de choque para el empleo que frene el paro que va a generar la crisis del coronavirus en la comunidad y han solicitado al gobierno autonómico la extensión del SERLA (Servicio de Relaciones Laborales) para que se atiendan las reclamaciones individuales en todas las provincias.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que "está abierto a la implicación de la sociedad" en el pacto de comunidad, por lo que "ha animado" a los agentes económicos y sociales a realizar aportaciones.

Mañueco preside la reunión del Consejo del Diálogo Social este miércoles 3 de junio / ICAL

Por parte de la patronal, CECALE, su presidente, Santiago Aparicio, ha pedido que una parte de los 70 millones de euros que quedan liberados por el IMV vayan para apoyar a las empresas de Castilla y León: "No nos oponemos a que esos 70 millones vayan a políticas sociales, pero sería necesario que una partida importante fuera para liquidez, que se necesita mucho para que las empresas no cierren. Si se salvan las empresas, mucha menos gente necesitará subsidios”, ha afirmado Aparicio en declaraciones recogidas por la Agencia ICAL.

Además, el Consejo del Diálogo Social ha acordado la creación de mesas de negociación en lo relativo al Acuerdo Marco sobre competitividad e innovación industrial, el Acuerdo sobre la Dependencia y la estrategia integral de Empleo.

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