Fiscalía aboga por los juicios rápidos para paliar la sobrecarga judicial en Castellón
La crisis sanitaria ha obligado a suspender 3.400 juicios en la provincia de Castellón

Imagen del fiscal jefe, José Luís Cuesta, con el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco / Javier Quesada

Castellón
Fiscalía Provincial aboga por recurrir a los juicios rápidos para diminuir la sobrecarga en los juzgados. La Audiencia Provincial cifra en 3.400 los juicios suspendidos desde el comienzo de la pandemia en la provincia de Castellón.
El próximo martes, todos los funcionarios de la administración de Justicia volverán a sus puestos de trabajo y a partir de la próxima semana, la Ciudad de la Justicia ya podrá acoger macrocausas judiciales, tras la reforma del salón de actos, que se ha reconvertido en una sala de juicios.
Son medidas destinadas a detener la sobrecarga que viven los juzgados de Castellón tras más de dos meses de ralentización de la actividad, como consecuencia de la crisis sanitaria y que ha provocado la suspensión de 3.400 juicios, según la Audiencia Provincial, que admite que la situación va a empeorar por las disoluciones de empresas y los despidos, como consecuencia de la crisis económica.
En declaraciones a Radio Castellón, el fiscal jefe de Castellón, José Luís Cuesta, ha explicado que durante este tiempo, Fiscalía ha continuado trabajando, a pesar de la escasez de medios y ahora, preocupa la situación de sobrecarga. Por ello, Cuesta aboga por buscar soluciones como los juicios rápidos.
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CORTE CUESTA JUICIOS RÁPIDOS 04-06-20
Una de las cuestiones que el Gobierno y la Conselleria de Justicia deben decidir es si impulsan la creación de una Sección Cuarta, un hecho que implicaría el refuerzo de dos nueves jueces. José Luís Cuesta advierte que es necesario reforzar los juzgados de familia y de jurisdicción social.
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CORTE CUESTA FAMILIA 04-06-20
El Consejo General del Poder Judicial ya ha aprobado la creación de una Sección Cuarta en la Audiencia Provincial de Castellón, aunque ahora la decisión está en manos del Gobierno y la Conselleria de Justicia.




