Expertas de la UA piden abrir un diálogo social para regular el teletrabajo como "necesidad social"

Alicante

Con la implantación y la extensión del teletrabajo en muchos hogares, obligados por las circunstancias del COVID-19, dos expertas de la Universidad de Alicante plantean el análisis de los beneficios y los riesgos que implica la extensión de una realidad que "va a ser progresiva" y que ha pasado de ser una necesidad individual a una social.

En Hoy por Hoy, las profesoras Elena Galante y Malena Fabregat, han apostado por iniciar un diálogo social que involucre a empresas, trabajadores y que además analice las oportunidades que se pueden generar para el cuidado de niños y dependientes o en entornos rurales.

Elena Galante, experta en Responsabilidad Social, asegura que el teletrabajo "no debe equipararse a conciliación laboral". Ha irrumpido asociado a una epidemia y, por lo tanto, no se ha podido planificar. Por eso, cree que ahora es el momento de "hacer un parón" y pensar en regularlo y adaptarlo a ciertos tipos de trabajo y en función de los sectores.

Del mismo modo, la socióloga Malena Fabregat, coordinadora del máster en Inovación Social de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante, señala que "hemos convertido los hogares en espacios donde conviven trabajo con escuela" y ello ha sido en ocasiones una fuente de estrés. Por ello, ahora es "momento de teletrabajar cada vez más pero con sentido común". Las familias con discapacidad pueden hallar aquí una buena solución, y lo mismo puede suceder para las comunidades rurales, apunta. Lo importante es que, pese a la complejidad para articularlo, "se llegue a puntos de consenso", señala.

Añaden que esta crisis ha puesto sobre la mesa "el trabajo invisible de los cuidados" y ha hecho evidente la brecha existente en la corresponsabilidad dentro de las familias. También se ha puesto de relieve el valor de "los abuelos cuidadores y los espacios físicos de empleo".

Lo que toca, por tanto, es "negociar en función del entorno, políticas públicas y procesos de diálogo social" para poner sobre la mesa intereses de todas las partes, que no tienen por qué enfrentar, sino sumar, y eso implica también formación y análisis de costes.