La Fiscalía pide por tercera vez que se archive el caso de la mina de Aznalcóllar

Sevilla

A la Fiscalía de Sevilla solo le cabe ya decirlo en voz alta. No ve tráfico de influencias ni prevaricación ni cohecho ni fraude ni delito de exacciones ilegales en la adjudicación del concurso público de la mina de Aznalcóllar. Adjudicación que realizó el gobierno socialista de Susana Díaz.Tras las diligencias practicadas "no existen indicios racinales suficientes" para mantener las acusaciones.

Por tercera vez, el Ministerio Público solicita al juzgado, en un escrito, que archive la denuncia que presentó Emerita después de perder el concurso público que concedió la explotación de la mina de Aznalcóllar a Grupo México-Minorbis. La Fiscalía sigue sin apreciar delito. Y es la tercera vez que lo deja dicho negro sobre blanco. La tercera vez porque la Audiencia de Sevilla, en ponencias de la jueza Mercedes Alaya, ha ordenado reabrir el caso y ampliar la investigación en dos ocasiones anteriores.

Alaya veía "indicios ostensibles de tráfico de influencias e indicios poderosos de prevaricación", en los hechos, según explicaba en el último auto de reapertura del caso. Por ese motivo la jueza instructora, Patricia Fernández, citó a declarar como investigado al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),Vicente Fernández, que era en 2015 secretario general de la Consejería de Innovación. También llamó a declarar a los empresarios de Magtel. Isidro y Mario López Magdaleno; a la mesa de contratación y a la comisión técnica que decidieron quién ganaba el concurso público que convocó la Junta.

Fernández dimitió como presidente de la SEPI cuando se vio involucrado en esta causa.

Alaya sospechaba que Grupo Méximo se servió de Minorbis "por sus valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel", los hermanos Magdaleno. Estos empresarios le piden supuestamente a Fernández su intermediación en asuntos administrativos para los proyectos empresariales. Y el propio Fernández se la ofrece a través de sus personas de contacto en la administración, según explicaba el último auto que ordenó la reapertura de la investigación.

También detacaba Alaya que los derechos mineros derivados de la adjudicación del concurso estaban "ostentados ilegítimamente por la sociedad Minera Los Frailes, ya que Minera Los Frailes no intervino en el concurso y está controlada casi en su totalidad por Grupo México, que tampoco participó en el mismo”.

Con respecto al delito de cohecho, la magistrada pidió en su día ampliar la investigación para analizar los "posibles ascensos" de las personas relacionadas con el concurso, "a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos". Pero la investigación no ha podido encontrar ninguna compensación de tipo laboral o retributiva a los familiares o las personas más próximas a los investigados.