Miércoles, 23 de Septiembre de 2020

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El exalcalde de Candín asegura estar confinado y elude el juicio por fraude electoral

El socialista, médico de profesión, dice estar en cuarentena por contacto con enfermos de covid

Juez de lo Penal, Óscar Hernáiz

Juez de lo Penal, Óscar Hernáiz / Radiobierzo

El covid ha servido al exalcalde socialista de Candín, Pablo Rubio, como argumento para que el juez de lo Penal de Ponferrada se viese obligado a aplazar el juicio abierto hace nueve años contra él por un presunto delito de fraude electoral y otro de prevaricación administrativa por las presuntas irregularidades en el empadronamiento electoral de los comicios de 2011.

En cuarentena

Que hubiera censados en pueblos sin habitantes o que el propio alcalde estuviese empadronado en la dirección de la casa consistorial es sólo una parte de esta esperpéntica historia. El ex regidor, de profesión médico, se ha prescrito su propio autoconfinamiento por contacto con enfermos del virus, y eso a pesar de que el juez de lo penal pudo constatar que en Fabero, residencia del exalcalde de Candin, no consta en la lista de afectados por el virus. Rubio estaba obligado por tanto a comparecer pero finalmente su letrada ha presentado otro documento firmado por otro facultativo, lo que llevó al magistrado a suspender el juicio.

Hernáiz explicaba a estos micrófonos que la Ley no permite que se celebre el juicio sin comparecencia del acusado cuando la petición de inhabilitación supera los seis años, algo que ocurre en este procedimiento, ni tampoco que se realice la comparecencia telemática del denunciado puesto que podría tener ayuda externa para responder a las preguntas que se realizan en Sala.

Eso sí, el propio juzgado ha decidido recabar directamente información de la gerencia sanitaria sobre esta situación de confinamiento.

La causa la abrieron tres componentes de una misma familia a la que Rubio negó el empadronamiento en las elecciones en las que además finalmente perdió la alcaldía. El propio ayuntamiento de Candín, por informe emitido por la secretaria reconoce que se utilizó esta administración para cometer ese presunto fraude. Manuel Casero, abogado de la acusación particular que ejerce el consistorio. "Hay informes de secretaría pero además hay hasta nueve requerimientos de la Junta Electoral  para que explicase el porqué del aumento de empadronamientos, y no contestó a ninguno", indica Casero.

El ayuntamiento se adhiere a la petición de nueve años de inhabilitación que desde el principio ha pedido la Fiscalía, mientras que la acusación particular de los denunciantes pide hasta casi 28 años de inhabilitación para cargo público, nueve años por cada uno de las tres denuncias.

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