Sociedad
ENTRE ISLAS

No recurrirás a la Justicia en vano

La opinión de Marta Cantero

Marta Cantero / Cadena SER

Canarias

El Tribunal Supremo ha archivado el denominado ‘caso Grúas’: la causa abierta por Unidos Se Puede y Por Tenerife Nueva Canarias contra el entonces presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dejándolo prácticamente fuera de la carrera electoral. El alto tribunal no aprecia delito de prevaricación ni de malversación de caudales públicos en su actuación como alcalde de La Laguna.

El auto de archivo de esta causa, que levantó tantas ampollas en la última campaña electoral y durante la negociación del pacto de Gobierno, ha sido dictado “por unanimidad” y no deja en muy buen lugar al Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna.

Frente a los argumentos de este juzgado, que sí apreció delito en la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas, la Sala presidida por Manuel Marchena considera que los hechos descritos no permiten exigir responsabilidad criminal alguna. Y descarta también que haya habido malversación de caudales públicos.

Habrá que sacar lecciones de lo sucedido en este caso, que se retorció lo indecible por parte de los denunciantes para que una vez cerrado, se reabriera a las puertas de unas elecciones en las que Fernando Clavijo repetía como candidato a la Presidencia del Gobierno.

El alto tribunal es contundente en sus conclusiones. Los cinco magistrados sostienen que en el expediente constaba un dictamen encargado a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, que “sin margen para la duda” reconocía la cobertura jurídica del préstamo. También recuerda que ese dictamen técnico fue además “respaldado con sus votos no solo por el entonces alcalde Fernando Clavijo; sino por la Dirección del Área de Seguridad; la Junta de Gobierno Local, el teniente de alcalde y los propios concejales”.

El Tribunal Supremo concluye que “no toda infracción administrativa ni irregularidad u omisión en la tramitación de un expediente constituyen delito de prevaricación”. Este pronunciamiento no es nada baladí en una región demasiado acostumbrada a utilizar la Justicia para neutralizar a rivales políticos.

El auto es recurrible, pero sería muy sano que los denunciantes renunciaran a seguir judicializando la vida política en una tierra en la que habría que añadir un undécimo mandamiento a la tabla de Moisés: no recurrirás a la Justicia en vano.

 
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