Correos promete reforzar la plantilla para el voto en casa, pero los sindicatos lo ven insuficiente

A Coruña

La dirección de Correos se ha reunido hoy con las organizaciones sindicales para analizar el sistema de voto por correo en las próximas elecciones autonómicas, en Galicia y en el País Vasco. La empresa se ha comprometido a reforzar la plantilla con 600 trabajadores, sin especificar el reparto por comunidades. Pretende atender así la previsible demanda del voto por correo, que en esta ocasión permitirá la entrega del sufragio al cartero en el exterior de la vivienda del votante. Las organizaciones sindicales entienden que este refuerzo es insuficiente.

Las partes han debatido las instrucciones que regirán el voto por correo para las elecciones del 12 de julio en Galicia. En ellas, se define cómo se procederá a la recogida del voto en los domicilios de los electores, una actuación que solo se podrá realizar en el momento de entregar la documentación, salvo en el rural, en que se mantiene la fórmula conocida como "al paso", ya que se consideran a los carteros como oficinas móviles de admisión.

"El empleado de Correos aclarará al elector que, si no desea entregar su voto en ese momento, deberá depositarlo en una oficina de Correos dentro del plazo establecido", señala el borrador. Esto es, el elector tiene solo esa opción para evitar tener que desplazarse a la oficina de Correos a entregar el voto, un acto que, en todo caso, y una vez recibida la documentación de forma intransferible, puede realizar otra persona.

En estas instrucciones, Correos especifica que "el trabajador no accederá en ningún caso al interior del domicilio particular del destinatario/votante", tal y como reclamaban los sindicatos.

También apunta que el "repartidor extremará el celo y la diligencia para mantener en todo momento bajo su custodia los votos emitidos que hubiese recogido, hasta su entrega en la unidad de reparto".

El sindicato Comisiones Obreras denuncia que no hay carteros suficientes para cubrir las exigencias de voto por correo. "Correos tiene que cerrar la contratación para que se cubran todos los puestos, porque esa espera a la documentación electoral les va a llevar más tiempo y los desplazamientos a zonas colindantes a la suya", señala Miguel Fraga, secretario provincial de Comisiones Obreras en Correos.

Del "no hay inconveniente" al "raya lo jurídicamente admisible"

La Junta Electoral Central ha autorizado que en las próximas elecciones gallegas, también las vascas, se pueda votar por correo mediante la entrega del sobre con la papeleta en el domicilio en vez de la oficina de Correos.

En un acuerdo adoptado el 28 de mayo, la Junta Electoral Central admite la solicitud del voto por correo por internet y la entrega en los domicilios de toda la documentación para ejercer el sufragio, así como que el elector en ese momento entregue su voto al cartero a cambio del correspondiente justificante.

"No hay inconveniente en que, al amparo del artículo 73.3 de la LOREG, el personal de Correos, al hacer la entrega de la documentación electoral personalmente al elector, le pueda plantear la opción de que en ese momento -sin menoscabo del requisito del secreto del voto- el elector le entregue los sobres electorales, una vez cumplimentados por él mismo, a cambio de un justificante acreditativo del depósito de su voto, evitándole el tener que acudir posteriormente a una oficina de Correos", establece la Junta en su resolución.

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña Francisco Caamaño, esta posibilidad "raya lo jurídicamente admisible". Señala que resolución se dictó en un momento aún álgido de la pandemia y ahora estamos en la Fase 3, en una situación que permite el voto por correo habitual. "El acuerdo -explica- responde a la fecha en la que fue aprobada, que no es la misma que la que vamos a tener el día de las elecciones autonómicas". Considera, por tanto, que la Junta Electoral tenía que haber incluido la posibilidad de revisar estas instrucciones, por si mejoraba la situación.

El exministro de Justicia advierte además que los carteros no son funcionarios públicos que puedan dar fe de un acto jurídico. "Aquí hay un problema de complejidad que el acuerdo no resuelve", apunta.