La Junta aprobara el marco de nueva movilidad antes del domingo

Toledo

Recuperar la economía y la vida sin poner en riesgo la salud. Es el objetivo del borrador de desescalada elaborado por el comité de expertos de Castilla La Mancha que el viernes avalará el Consejo Social. Mañana se decidirá si se permite la movilidad entre provincias antes de que acabe el estado de alarma.  

No se trata de prohibir sino de regular, ha dicho la portavoz Blanca Fernandez, asegurando que lo que se va a establecer es un marco regional de aplicación del Real Decreto de nueva normalidad. Parece que es fácil recuperar la libertad y la economía haciendo la vida compatible con la salud pública pero es "un encaje de bolillos" lo que están haciendo los expertos epidemiológicos, ha dicho. Se trata en definitiva de establecer qué hacer con los festejos, el teatro, la cultura, el turismo o la hostelería.

El domingo habrá libertad de movimientos, decae el estado de alarma, pero preguntada por el motivo que lo pospuso aquí, insiste en que, "quizá era innecesario" pero optaron por ser conservadores.

También trabaja el gobierno para reformular sus políticas sociales en torno al ingreso mínimo vital que ya se puede solicitar a nivel nacional y que beneficiará a unas 40.000 familias. A partir de ahí, hay que ver cómo enfocar las politicas sociales. Y ponía un ejemplo. Una persona que vaya a recibir 400 euros de ayuda, necesitará otras medidas. Pero hay que hacer una reflexión sobre los planes de empleo, las becas, y ordenar estas ayudas. No es recortar ni renuncia el Gobierno a ellas, es reordenarlas para que lleguen más y mejor.

En torno a otra medida de ámbito nacional,  el reparto de los 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas, Fernandez insiste en que siendo una medida positiva "no nos parece razonable que se haya cambiado el criterio y se tenga menos en cuenta la afectación real de la pandemia" ya que ahora se aporta más en función de la población. La región podria recibir unos 400 millones, algo menos de lo que estimó al principio.

Declaraciones tras el Consejo de Gobierno que ha aprobado la renovación de cerca de 300 contratos de residencias, centros de día y estancias temporales por valor de casi 100 millones de euros. Además se ha aprobado un gasto de 831.000 euros para la compra de material de protección, limpieza, equipos y reactivos necesarios para la realización de PCR. Desde que comenzó la pandemia se han hecho 278.000 pruebas.