La nueva Ley del Suelo de Ayuso subleva a la izquierda, sindicatos, ecologistas y asociaciones vecinales

Madrid

El gobierno de coalición de PP y Ciudadanos quiere asentar los cimientos de la recuperación económica tras la crisis del COVID-19 en una fórmula ya conocida -la construcción-; con enorme capacidad de tracción para el conjunto de la actividad, pero con importantes efectos adversos si el sector se sobrecalienta, como demostró la Gran Recesión. Ayuso quiere que esos cimientos además se puedan plantar sin una autorización previa, que baste la palabra del promotor, y dejar en manos de inspecciones a posteriori cualquier incumplimiento de la normativa. “Vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas excepto las estatales y las vamos a sustituir por declaraciones responsables”, aseguró categórica Ayuso el pasado 5 de mayo cuando anunció el anteproyecto. El objetivo del gobierno regional, según aseguran sus portavoces, es “eliminar trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector”.

“Una simplificación y agilización administrativa de la actividad urbanística puede ser deseable, pero siempre con la debida seguridad jurídica”, replican los firmantes de este manifiesto entre los que está toda la izquierda parlamentaria, los principales sindicatos -CC.OO. y UGT-, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y colectivos en defensa del derecho al acceso a la vivienda. Estas organizaciones creen que el anteproyecto -que ya está tramitando el gobierno regional- supone “una vuelta a las políticas del ladrillo que tanto daño hicieron al desarrollo equilibrado de nuestra región en el pasado”. También, que aumenta la inseguridad jurídica de los consumidores al suprimir por ejemplo la licencia de primera ocupación, que acredita que las nuevas promociones, o los cambios de uso de edificio, se han ejecutado según el proyecto previsto.

La Consejería de Medio Ambiente -la competente en materia de suelo- defiende esta “modificación puntual” para “agilizar un sector que aporta de forma directa e indirecta un 20% del empleo y con un efecto multiplicador en la economía”, asegura una portavoz del departamento. El equipo de Paloma Martín, consejera de la mitad popular del gobierno, defiende que solo se introducen cambios que ya contemplan otras Comunidades Autónomas en su legislación.

Si el texto, que acaba de completar el trámite de audiencia e información pública, se aprueba en la Asamblea de Madrid durante el verano -como quiere el Ejecutivo bipartito-, se convertirá en la primera ley de la era Ayuso casi un año después de llegar al poder. El gobierno regional se está encontrando con problemas para tomar la iniciativa legislativa y la presidenta ya vio frustrados sus planes para aprobar una ley que incluía deducciones fiscales modestas, de apenas 16 millones de euros, por la oposición de Vox y de la izquierda. Para la Comunidad de Madrid sus planes ahorrarán dinero y tiempo, tanto a los ayuntamientos, como a los ciudadanos, pero los promotores de este manifiesto no lo ven igual. Consideran que esta reforma implica elevados costes en seguridad laboral, de convivencia, para el medio ambiente e incluso para el patrimonio histórico. Se va a traducir -aseguran- en menos medidas de prevención de riesgos en el tajo, en una reducción de las garantías sobre los usos de los edificios y mayores riesgos de vertidos o demoliciones irreparables.

Estas organizaciones sociales discrepan en el fondo, pero también en la forma. No comparten la tramitación de esta modificación por lectura única. Un “atajo” -critican- con el que se intenta “eludir la discusión y el debate”. Tampoco entienden que no se haya consultado con la Federación de Municipios de Madrid, a pesar de que la norma afecta de lleno a las competencias municipales. Medio Ambiente, sin embargo, defiende el procedimiento: “Se trata de una modificación puntual encaminada -insisten sus portavoces- a favorecer la actividad económica”. Esas mismas fuentes aseguran que la reforma integral seguirá los cauces parlamentarios habituales.

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